{"id":347,"date":"2026-10-15T14:31:18","date_gmt":"2026-10-15T14:31:18","guid":{"rendered":"https:\/\/sindy.barzanallana.es\/noticias\/?p=347"},"modified":"2026-10-15T14:31:18","modified_gmt":"2026-10-15T14:31:18","slug":"de-la-espriella-y-el-decreto-1525-la-protesta-bajo-sospecha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindy.barzanallana.es\/noticias\/de-la-espriella-y-el-decreto-1525-la-protesta-bajo-sospecha\/","title":{"rendered":"De la Espriella y el Decreto 1525: la protesta bajo sospecha"},"content":{"rendered":"\n
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De la Espriella y el Decreto 1525: la protesta bajo sospechaEl 13 de octubre de 2026, en v\u00edsperas de las movilizaciones opositoras del d\u00eda 14, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella firm\u00f3 el Decreto 1525. teleSUR present\u00f3 la decisi\u00f3n como una criminalizaci\u00f3n de la protesta social. La alarma merece atenci\u00f3n, pero tambi\u00e9n precisi\u00f3n: la cr\u00edtica democr\u00e1tica debe identificar los riesgos reales de la norma sin atribuirle prohibiciones que no contiene.<\/p>\n\n\n\n

Como aclara La Silla Vac\u00eda, el decreto no proh\u00edbe las manifestaciones. Modifica el protocolo de actuaci\u00f3n policial establecido en 2021 y conserva garant\u00edas para quienes protestan pac\u00edficamente. Esa constataci\u00f3n no absuelve al Gobierno de cuestionamientos: el riesgo de criminalizaci\u00f3n tambi\u00e9n debe examinarse en la aplicaci\u00f3n de las facultades policiales, la interpretaci\u00f3n de sus excepciones y los mensajes pol\u00edticos que acompa\u00f1an su uso.<\/p>\n\n\n\n

El di\u00e1logo no puede convertirse en un tr\u00e1mite<\/h2>\n\n\n\n

Uno de los cambios centrales permite intervenir individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia sin que el di\u00e1logo constituya un requisito previo. El texto incluye supuestos como armas, explosivos, retenci\u00f3n de personas y agresiones. Tambi\u00e9n exige diferenciar a sus responsables del resto de la movilizaci\u00f3n y mantener canales de comunicaci\u00f3n. Por tanto, no autoriza a convertir cualquier incidente en una justificaci\u00f3n autom\u00e1tica para actuar contra todos.<\/p>\n\n\n\n

La Defensor\u00eda del Pueblo cuestion\u00f3, precisamente, que el despliegue de gestores de convivencia y equipos de di\u00e1logo se considere suficiente para agotar la mediaci\u00f3n. En su pronunciamiento del 14 de octubre advirti\u00f3 que el decreto tiende a reducir esa fase a su m\u00ednima expresi\u00f3n, dando paso apresuradamente a la fuerza. No es un reparo menor: la entidad vincula esa orientaci\u00f3n con un mayor riesgo de tensi\u00f3n y escalamiento del conflicto.<\/p>\n\n\n\n

Esta objeci\u00f3n no exige que la Polic\u00eda permanezca inm\u00f3vil ante una agresi\u00f3n. Exige algo distinto: que la urgencia est\u00e9 demostrada, que la respuesta sea individualizada y que la excepci\u00f3n no devore la regla. De la Espriella deber\u00eda explicar c\u00f3mo garantizar\u00e1 controles efectivos sobre esas decisiones. Una pol\u00edtica responsable no puede conformarse con exhibir firmeza: debe demostrar que la fuerza ser\u00e1 realmente excepcional.<\/p>\n\n\n\n

Disrupci\u00f3n no es violencia<\/h2>\n\n\n\n

La Defensor\u00eda formul\u00f3 otra advertencia decisiva: el decreto tiende a tratar como violentos hechos que no necesariamente lo son, entre ellos obstrucciones de v\u00edas e interrupciones de servicios. Record\u00f3, adem\u00e1s, que una convocatoria a protestar no constituye un problema de orden p\u00fablico ni de terrorismo. Su pronunciamiento cuestiona la l\u00f3gica de sospecha que puede instalarse alrededor de los manifestantes antes de que cometan cualquier infracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El propio decreto reconoce que una obstrucci\u00f3n vial no convierte autom\u00e1ticamente una reuni\u00f3n en violenta y reserva su disoluci\u00f3n para perturbaciones graves y sostenidas, sin alternativas menos lesivas. Tambi\u00e9n exige registrar afectaciones a los ingresos de subsistencia cuando los cierres impiden funcionar a los establecimientos. La pregunta es c\u00f3mo evitar que la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica termine desplazando, en la pr\u00e1ctica, la protecci\u00f3n de un derecho fundamental.<\/p>\n\n\n\n

La Central Unitaria de Trabajadores pidi\u00f3 derogar la norma y denunci\u00f3 que las nuevas reglas abren espacio a pr\u00e1cticas represivas contra organizaciones sindicales y sociales. Su denuncia no sustituye el examen jur\u00eddico, pero obliga al Ejecutivo a responder a quienes consideran amenazadas sus garant\u00edas. El Gobierno no deber\u00eda descalificar esa preocupaci\u00f3n como una defensa del vandalismo: cuestionar los procedimientos policiales tambi\u00e9n forma parte del debate democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

Los est\u00e1ndares interamericanos aportan un criterio claro. En su informe sobre protesta y derechos humanos, la CIDH sostiene que el Estado debe facilitar las movilizaciones y utilizar la fuerza como \u00faltimo recurso. Privilegiar el di\u00e1logo no significa renunciar a proteger a terceros. Significa reconocer que la protesta es una forma de participaci\u00f3n pol\u00edtica, no una anomal\u00eda cuya desaparici\u00f3n deba convertirse en el objetivo principal de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

La seguridad necesita controles, no enemigos<\/h2>\n\n\n\n

Colombia conoce el costo de perder esa distinci\u00f3n. Human Rights Watch document\u00f3 en junio de 2021 graves abusos policiales durante protestas mayoritariamente pac\u00edficas, incluidas muertes, lesiones y detenciones arbitrarias. Ese antecedente no prueba que el decreto actual haya producido hechos semejantes; s\u00ed justifica exigir controles independientes y garant\u00edas verificables antes de ampliar el margen operativo de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

La jornada del 14 de octubre aporta un contraste revelador. DW inform\u00f3 de marchas pac\u00edficas en varias ciudades. El propio presidente asegur\u00f3 que el 98 % de las movilizaciones transcurri\u00f3 pac\u00edficamente. Sin embargo, en el mismo balance afirm\u00f3: \u00abEs una peque\u00f1a minor\u00eda la que quiere parar a Colombia\u00bb. Ese contraste deber\u00eda inquietar: la oposici\u00f3n no pierde legitimidad porque sea minoritaria ni porque sus demandas incomoden al mandatario.<\/p>\n\n\n\n

Para evaluar la norma no bastar\u00e1 contar detenidos o celebrar carreteras despejadas. Habr\u00e1 que examinar si las intervenciones fueron necesarias, si se protegi\u00f3 a los participantes pac\u00edficos y si los ciudadanos pudieron denunciar excesos sin represalias. Una protesta menos visible por miedo no ser\u00eda una se\u00f1al de convivencia, sino un deterioro de la libertad.<\/p>\n\n\n\n

El deber de De la Espriella no es conceder permiso para disentir, sino garantizar que el desacuerdo pueda expresarse sin intimidaci\u00f3n. Eso requiere \u00f3rdenes de intervenci\u00f3n motivadas, vigilancia civil, protecci\u00f3n a periodistas, investigaci\u00f3n de abusos y rendici\u00f3n p\u00fablica de cuentas. El Decreto 1525 debe juzgarse por esas garant\u00edas, no por su ret\u00f3rica de seguridad. Una democracia no se fortalece cuando vuelve sospechosa la protesta: se fortalece cuando escucha incluso a quienes incomodan al presidente.<\/p>\n\n\n\n

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