La inteligencia artificial (IA) generativa ya se utiliza para investigar, resumir expedientes, redactar borradores y revisar documentos. El artículo de Andrea Varela Tabares, publicado el 30 de septiembre de 2026, llama la atención sobre una brecha: la adopción avanza más rápido que la preparación profesional. La autora cita 2.095 casos judiciales vinculados con contenido inventado o tergiversado por IA; la base de Damien Charlotin registraba 2.125 el 2 de octubre. La cifra requiere contexto: esa base reúne decisiones que trataron de forma sustancial el uso de contenido alucinado, no todos los escritos con IA, y algunos registros incluyen casos en que el uso de la herramienta fue alegado, pero no confirmado. No son 2.125 sanciones ni un censo completo; sí revelan que el problema ya no es hipotético.
Una herramienta de lenguaje, no una autoridad jurídica
Los modelos generativos producen texto a partir de patrones aprendidos: pueden redactar con fluidez, pero esa fluidez no garantiza que lo dicho sea cierto. Ante una pregunta jurídica, pueden inventar una sentencia, atribuir mal una cita o presentar una norma derogada como vigente. Por eso conviene tratarlos como asistentes de trabajo, no como bases de datos ni como fuentes de autoridad. La formación ayuda a detectar errores y elegir mejor las tareas, pero no vuelve infalible al sistema: también hacen falta verificación y revisión humana.
Adopción alta, gobernanza desigual
Las cifras disponibles no son directamente comparables, porque los estudios miden tecnologías, grupos y niveles de adopción distintos. Clio informó en su Legal Trends Report 2025 que el 79 % de los profesionales jurídicos encuestados utiliza alguna forma de IA en su firma. Sin embargo, el 53 % dijo que su despacho no tenía una política sobre IA o que no sabía si existía. El primer dato habla de uso; el segundo, de falta de reglas compartidas.
El informe de Thomson Reuters de 2026, basado en más de 1.500 profesionales de 27 países y varias áreas de servicios profesionales, encontró que el 40 % de las organizaciones ya usa IA generativa, frente al 22 % del año anterior. Pero solo el 18 % sabía que su organización medía el retorno de la inversión. En otra escala, una encuesta de la UNESCO a operadores judiciales de 96 países indicó que el 44 % usaba herramientas de IA en su trabajo, mientras que apenas el 9 % había recibido capacitación o lineamientos institucionales. En conjunto, los datos apuntan a una misma tensión: la tecnología se extiende, pero la gobernanza y la formación no siempre la acompañan.
Acelerar tareas sin delegar el juicio
El atractivo de estas herramientas es comprensible. La IA puede ayudar a ordenar documentación extensa, elaborar primeros borradores y resumir información para que el profesional dedique más tiempo al análisis y a la atención del cliente. Clio y Thomson Reuters identifican investigación, redacción y síntesis entre los usos habituales. Pero ahorrar tiempo no equivale automáticamente a mejorar el servicio: el resultado depende de la calidad de las fuentes, la pertinencia de la herramienta y la revisión posterior. También invita a los despachos a pensar cómo reflejar las ganancias de eficiencia en sus tarifas, sus plazos o el volumen de asuntos que pueden atender.
Los riesgos tampoco se reducen a una cita falsa. Introducir información de un cliente en una plataforma sin revisar sus condiciones puede exponer datos personales o confidenciales; además, una respuesta puede contener imprecisiones o sesgos. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Colombia multó a un abogado con quince salarios mínimos legales mensuales vigentes después de encontrar referencias jurisprudenciales apócrifas y transcripciones legales inexactas generadas con IA. Tras ser advertido, el abogado presentó una corrección que incluía nuevas citas falsas. El caso muestra que el deber profesional no termina al pedirle a una herramienta que redacte: quien presenta y firma el escrito debe comprobarlo.
Colombia: supervisión, transparencia y formación
La Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional examinó el uso de ChatGPT por un juez para complementar la motivación de un fallo. En ese caso, la Corte no encontró una vulneración del debido proceso porque el juez había fundamentado y tomado la decisión antes de consultar la herramienta. No obstante, señaló deficiencias de transparencia y responsabilidad y ordenó desarrollar lineamientos y espacios de capacitación. El Consejo Superior de la Judicatura los adoptó mediante el Acuerdo PCSJA24-12243, vigente desde el 16 de diciembre de 2024: establece principios como la no sustitución de la racionalidad humana, el control y la verificación, e indica deberes de información sobre el uso de IA. El acuerdo rige para la Rama Judicial y sirve de orientación para otros actores del sistema.
En el plano internacional, las directrices de la UNESCO para el uso de IA en cortes y tribunales, publicadas en diciembre de 2025, reúnen quince principios, entre ellos seguridad de la información, auditabilidad y supervisión humana. No sustituyen las reglas profesionales de cada jurisdicción, pero refuerzan una idea esencial: las decisiones que afectan derechos deben seguir siendo comprensibles, revisables y atribuibles a personas responsables.
De la capacitación a una práctica verificable
Para un despacho, una política útil debe traducirse en instrucciones concretas. Primero, definir qué herramientas están aprobadas y qué tareas pueden apoyarse en ellas. Segundo, revisar las condiciones de privacidad y tratamiento de datos antes de cargar información del cliente. Tercero, comprobar cada cita en su fuente oficial, confirmar que la decisión respalda realmente la proposición y verificar que la norma siga vigente. Y, por último, dejar claro quién revisa el resultado y responde por él. Como referencia comparada, la Opinión Formal 512 de la American Bar Association recuerda que el uso de IA no elimina deberes profesionales como la competencia, la confidencialidad, la supervisión y la comunicación con el cliente; esa opinión interpreta reglas modelo estadounidenses, no es una norma universal.
La pregunta, entonces, no es si la IA generativa llegará al derecho: ya está presente. El desafío es que su incorporación no dependa de decisiones improvisadas ni de la confianza ciega en respuestas convincentes. Saber usarla implica conocer sus límites, proteger la información, comprobar las fuentes y conservar el juicio profesional en manos humanas. La ventaja no está simplemente en producir más rápido, sino en hacerlo con rigor y responsabilidad.
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