
No se trata de prohibir creencias ni de atacar a quienes tienen fe. Se trata de recordar que los recursos públicos, las políticas del Estado y nuestras prioridades colectivas deberían responder primero a necesidades humanas concretas.
La fe pertenece a la conciencia de cada persona. La salud, el agua, la alimentación y la educación son asuntos de todos.




