La práctica, que afecta a un subgrupo de la comunidad emberá en Colombia, podría convertirse en la primera región del mundo en erradicarla fuera de África, Asia y Medio Oriente. La fecha límite autoimpuesta por el gobierno colombiano es el 20 de junio de 2026.
Una práctica invisibilizada
Cuando se habla de mutilación genital femenina (MGF), la mente evoca imágenes de África subsahariana, de comunidades en el Cuerno de África o de algunas regiones de Asia y Medio Oriente. Pocas veces se piensa en América Latina. Sin embargo, en las selvas del Pacífico colombiano y en zonas de Panamá, una forma de esta violencia arraigada en un subgrupo del pueblo emberá ha sobrevivido durante generaciones, documentada por organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), UNICEF y la propia Defensoría del Pueblo.
A diferencia de la circuncisión faraónica egipcia o la infibulación somalí, la práctica emberá —conocida localmente como “bija” en algunas variantes dialectales, aunque el término varía entre las comunidades— suele consistir en una clitoridectomía parcial realizada a niñas entre los pocos meses de vida y la preadolescencia, aunque las edades reportadas varían según la fuente y la subregión. Es una práctica que las propias organizaciones indígenas, en particular el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la ONIC, han condenado oficialmente desde hace más de una década, considerándola una “violencia basada en género” y no un mandato cultural inmutable.
¿Cómo se sostuvo la práctica?
Para entender la persistencia de la bija hay que mirar la historia. Las comunidades emberá —divididas en los emberá chamí, emberá katío, emberá siapidara y otras ramas— fueron sometidas a procesos de colonización, desplazamiento y violencia armada que fragmentaron sus estructuras tradicionales de transmisión de saberes. En ese contexto, prácticas que originalmente pudieron tener funciones rituales vinculadas al paso a la vida adulta, al control de la sexualidad femenina o a la “purificación” del cuerpo fueron petrificándose, desvinculadas de su matriz simbólica original.
La investigadora Ana Cecilia Barragán, del grupo de estudios de género de la Universidad del Cauca, ha señalado que la práctica “se ha mantenido por la combinación de tres factores: la presión social dentro de la comunidad, la falta de sanciones efectivas del Estado colombiano y la ausencia de procesos pedagógicos sostenidos que ofrezcan alternativas culturalmente legítimas a las familias”. En otras palabras, muchas madres la practican no por convicción profunda, sino por miedo al estigma que sufrirán sus hijas si no son “marcadas” como mujeres de la comunidad.
La cruzada colombiana
Colombia dio un paso histórico en 2020, cuando la Ley 2085 amplió el concepto de violencia de género para incluir expresamente la mutilación genital femenina como delito autónomo, sancionable con penas de prisión que pueden superar los doce años cuando la víctima es menor de edad. Antes de esa reforma, los casos se perseguían bajo figuras genéricas como “lesiones personales” o incluso quedaban en la impunidad por el argumento —jurídicamente débil pero culturalmente poderoso— de que se trataba de una “práctica cultural”.
Pero la ley sola no basta. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, y el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) implementaron desde 2022 un programa piloto en los departamentos de Chocó, Risaralda, Antioquia y Cauca —las zonas con mayor presencia emberá— basado en tres ejes: diálogo intercultural con kuchu (autoridades tradicionales), atención psicosocial a las niñas y sus familias, y seguimiento epidemiológico comunitario.
¿Qué pasa con las niñas?
Uno de los aspectos más delicados del problema es la subnotificación. En zonas selváticas donde el Estado colombiano apenas tiene presencia, donde las comunidades han sido históricamente desconfiadas tras décadas de violencia paramilitar y donde hablar de “mutilación” se percibe como una acusación colonial, los casos rara vez llegan a los consultorios médicos. Cuando lo hacen, suele ser por complicaciones: hemorragias, infecciones urinarias, sepsis o, más tarde en la vida, complicaciones obstétricas y disfunciones sexuales.
Organizaciones como Profamilia y la Fundación Oriéntame han capacitado a parteras y promotores de salud indígenas para detectar señales y derivar casos sin estigmatizar a las familias. El modelo se inspira en las estrategias africanas de “abandón médico” (medicalized abandonment) promovidas por la OMS, en las que el personal de salud convence a las familias para que no practiquen la mutilación sin confrontarlas.
El papel de la comunidad emberá
Quizá lo más significativo del proceso colombiano es que los principales impulsores del cambio están dentro de la propia comunidad. La ONIC, en alianza con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), lanzó en 2023 la campaña “Emberá sin bija: protegamos a nuestras niñas”, en la que mujeres emberá ya adultas —algunas víctimas, otras testigos— viajan entre comunidades relatando los daños físicos y psicológicos de la práctica.
“Nosotras no somos menos mujeres porque no nos hayan cortado”, dice un testimonio recogido en un documental de Señal Colombia. Este discurso de liderazgo femenino indígena es, según los expertos, el factor que más está moviendo la aguja: cuando la autoridad moral para decidir sobre el cuerpo de las niñas deja de estar en los hombres mayores del kuchu y pasa a las mujeres de la comunidad, la práctica se deslegitima desde adentro.
Hacia el 20 de junio
El gobierno colombiano se ha trazado como fecha simbólica el 20 de junio de 2026 para declarar la eliminación de la práctica en el territorio emberá. La fecha coincide con el Día Mundial del Refugiado, lo que algunos críticos consideran una elección accidental; otros la leen como un guiño a la deuda histórica del Estado con los pueblos desplazados. Lo concreto es que los indicadores son prometedores: según datos preliminares del Ministerio de Salud, los reportes de nuevos casos en zonas de intervención cayeron más de un 60% entre 2022 y 2025.
Un precedente para el mundo
Si Colombia lo logra, sería la primera vez en la historia que un país fuera de África, Asia o Medio Oriente elimina la mutilación genital femenina de manera verificable en una comunidad indígena. La experiencia serviría como modelo para Brasil, donde existen reportes de prácticas análogas en comunidades rikbaktsa y maku-yupuri, y para Panamá, donde la situación de los emberá del Darién comparte raíces culturales con la colombiana.
La lucha, sin embargo, no termina con un decreto. Queda el desafío de reparar a las mujeres que ya fueron víctimas, de redefinir la masculinidad emberá sin la práctica, y de combatir la presión social que aún empuja a muchas familias al filo de la tradición. Como dicen las lideresas: “se necesita toda una generación para cambiar un cuchillo por una palabra”.
