El nombramiento de Juan Gonzalo Ospina como embajador de Colombia ante la Unión Europea, Bélgica, Luxemburgo y la OTAN no es un simple relevo diplomático: es una señal política. La Silla Vacía reveló que Ospina, penalista colombo-español y amigo de años del presidente Abelardo de la Espriella, confirmó en redes su designación para una de las misiones más importantes del servicio exterior colombiano. La misma nota subrayó dos datos claves: coordinó desde España la campaña de De la Espriella y fue el enlace del nuevo mandatario con Javier Negre, figura del ecosistema mediático de derecha radical en España y América Latina.
Ospina no llega sin trayectoria. Nació en Bogotá, desarrolló su carrera en España, fundó Ospina Abogados en 2016 y ha ganado notoriedad como penalista en casos mediáticos, entre ellos el de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el proceso contra Daniel Sancho. También pertenece a una familia con abolengo conservador: es bisnieto del expresidente Mariano Ospina Pérez. Es decir, no estamos ante un desconocido. Pero el problema no es si sabe litigar, hablar en televisión o moverse en círculos de poder; el problema es si esa combinación basta para representar a Colombia en Bruselas, donde se negocian comercio, cooperación, derechos humanos, seguridad, clima y reputación internacional.
La ley colombiana permite que los embajadores sean de libre nombramiento y remoción del presidente, y no exige que pertenezcan a la carrera diplomática. Pero que algo sea legal no significa que sea institucionalmente sano. La propia Cancillería recuerda que la carrera diplomática existe para formar profesionales del servicio exterior, con ingreso por concurso y ascensos progresivos hasta llegar al rango de embajador. Cuando una misión estratégica se entrega a un amigo, aliado de campaña y operador político en el exterior, la frontera entre representación del Estado y recompensa partidista se vuelve peligrosamente borrosa.
La importancia de Bruselas exige algo más que fidelidad al jefe. La Unión Europea considera a Colombia un socio clave en América Latina, con diálogos políticos y sectoriales sobre derechos humanos, seguridad, defensa, drogas ilícitas, medioambiente y acción climática. Además, el acuerdo comercial entre la UE y Colombia, Perú y Ecuador entró plenamente en vigor el 1 de noviembre de 2024, dando mayor seguridad jurídica a una relación económica de largo plazo. La misión ante la OTAN tampoco es decorativa: Colombia es socio global de la Alianza desde 2017 y coopera en asuntos como ciberdefensa, desminado y seguridad.
Por eso inquieta la presencia de Javier Negre en esta historia. Según La Silla Vacía, Ospina fue el puente entre Negre y De la Espriella. Negre, dueño o impulsor de plataformas como La Derecha Diario, ha promovido un discurso de “batalla cultural”, anticomunismo y antiprogresismo que funciona más como maquinaria de agitación que como periodismo de interés público. La Silla documentó que La Derecha Diario Colombia hizo 5.279 publicaciones en menos de un año, con apoyo claro a De la Espriella, y que Negre estuvo presente en cierres de campaña, primera vuelta, segunda vuelta y posesión presidencial.
La crítica a Negre no es un prejuicio ideológico: es una advertencia democrática. El País lo ha presentado como cabeza de una red mediática asociada a campañas de desinformación y recordó una sentencia de 2019 en la que fue condenado junto con El Mundo a pagar 30.000 euros por vulnerar la intimidad, el honor y la imagen de una víctima. En una democracia, los gobiernos pueden tener simpatizantes mediáticos; lo inadmisible es que la diplomacia se contamine con lógicas de propaganda, hostigamiento y polarización exportada.
De la Espriella, además, no ha ocultado su idea instrumental de la política exterior. Ha dicho que necesita menos embajadores tradicionales y más “agentes comerciales”, y ha planteado convertir las embajadas en vitrinas de negocios. Esa visión puede sonar eficiente, pero empobrece la diplomacia: Colombia no solo vende café, energía o servicios; también negocia confianza, cooperación judicial, derechos humanos, paz, migración, ciencia, transición energética y credibilidad. Reducir Bruselas a una oficina de ventas es no entender Bruselas.
El caso Ospina encaja en una diplomacia de lealtades. Él mismo explicó a Semana que se involucró en la campaña por su amistad con De la Espriella y que este le pidió coordinar España y, si era posible, Europa. También contó que organizaron voluntarios, redes y comités en varias ciudades españolas. El Heraldo registró que la operación en España reunió más de 500 voluntarios y que, según Ospina, unos 55.000 votos en ese país respaldaron a De la Espriella. Esa capacidad política puede ser eficaz en campaña, pero una embajada no debe funcionar como prolongación de un comando electoral.
La designación también debe leerse dentro del giro exterior del nuevo Gobierno. De la Espriella ha alineado su política internacional con Estados Unidos, Israel y gobiernos de derecha o ultraderecha, y ha tomado decisiones abruptas que, según analistas consultados por El País, muestran falta de políticas de Estado sólidas en materia diplomática. Si a ese viraje se suma una embajada en la UE ocupada por un aliado personal, cercano al ecosistema Negre, la señal para Europa es clara: Colombia llega a Bruselas con más ideología que institucionalidad.
Ospina tiene ahora una oportunidad: demostrar que no será “el embajador de Abelardo”, sino el embajador de Colombia. Para lograrlo tendría que tomar distancia de la guerra cultural, transparentar cualquier relación con redes mediáticas partidistas, escuchar a la oposición, respetar a la prensa crítica y entender que Europa no premia los gritos sino la consistencia. Si llega a Bruselas a defender al presidente “frente a las críticas”, como ha sugerido, fracasará. Si llega a defender los intereses plurales de Colombia, aún puede sorprender. La embajada no es una tarima, ni una recompensa, ni un estudio de televisión: es Estado.
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