La fragmentación del crimen organizado multiplica la violencia territorial contra las personas diversas, mientras la “batalla cultural” del nuevo gobierno amenaza con desmontar décadas de conquistas jurídicas. Colombia enfrenta una tormenta perfecta contra los derechos de su población LGBTIQ+.
Colombia vive una paradoja difícil de digerir. Es, sobre el papel, uno de los países con el marco jurídico más progresista del mundo en materia de diversidad sexual: matrimonio igualitario, adopción homoparental, ingreso abierto a las fuerzas armadas y un acuerdo de paz reconocido internacionalmente por su enfoque de género , . Pero en la calle, en los territorios donde el Estado no llega o llega a medias, esa arquitectura de derechos se desmorona frente a dos fuerzas convergentes: una violencia armada cada vez más fragmentada y una ofensiva ideológica conservadora que ya ocupa el centro del poder ejecutivo.
La fragmentación que mata
El conflicto armado colombiano ya no se parece al de hace tres décadas. Donde antes operaban grandes bloques —guerrillas y paramilitares con estructuras jerárquicas y proyectos políticos identificables—, hoy actúan al menos una docena de grupos armados con identidades difusas, objetivos ambiguos y capacidades criminales diversas . Investigadores como Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo denominan este fenómeno “fragmentación del ecosistema de violencia”: una atomización que arrancó con la desmovilización incompleta de las AUC entre 2004 y 2006, y que se ha profundizado hasta convertirse en el núcleo mismo del conflicto actual .
Esta multiplicidad de actores tiene consecuencias directas y letales para la población LGBTIQ+. Según el International Crisis Group, en el escenario fragmentado de hoy, las unidades locales e incluso combatientes individuales deciden por cuenta propia cómo relacionarse con las personas diversas, muchas veces apartándose de cualquier directriz central . Eso vuelve la violencia más impredecible, más capilar y más difícil de prevenir. Los grupos armados imponen castigos “morales”, códigos de vestimenta y normas de conducta sobre los cuerpos LGBTIQ+ como mecanismo de control social y legitimación territorial , .
Las cifras lo confirman con brutalidad. En 2024, cada dos días y cinco horas fue asesinada una persona LGBTIQ+ en Colombia; se documentaron 164 homicidios, un aumento del 3,79 % respecto al año anterior, mientras los casos de violencia sexual se dispararon un 67 % . Pero 2025 resultó peor: el Observatorio de Caribe Afirmativo reportó 52 homicidios y feminicidios solo hasta septiembre, un incremento del 42 % frente al mismo período de 2024. Antioquia concentró casi la mitad de los crímenes, con 14 de ellos contra personas trans , .
A este panorama se suma el regreso de la mal llamada “limpieza social”. En enero de 2025, en Santa Marta, un grupo autodenominado “La Muerte” difundió un video amenazando con operaciones de exterminio nocturno . Las personas LGBTIQ+, junto con habitantes de calle y trabajadoras sexuales, son señaladas como “indeseables” bajo lógicas que buscan “recuperar” el control social y mantener la “moral” comunitaria . Los panfletos amenazantes circularon también en municipios de Cundinamarca, donde el Clan del Golfo anunció acciones violentas contra más de 120 personas .
Y la impunidad lo sella todo: de las 1.436 denuncias por amenazas contra personas LGBTIQ+ interpuestas en 2024, el 99,8 % no registró avance alguno . Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, lo resume sin rodeos: “En Colombia parece que asumirse como persona trans significa renunciar a vivir con derechos” .
La guerra cultural que llega desde arriba
Si la violencia armada ataca desde los márgenes del Estado, la otra amenaza opera desde su centro. Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026 con la “batalla cultural” como pilar explícito de su gobierno . Su discurso se apoya en la defensa de la familia nuclear, la identidad nacional y una retórica antisocialista que replica la de líderes como Trump, Milei y Bukele . Desde su toma de posesión, declaró ser “un enemigo de la ideología de género” y anunció que la enfrentaría “como corresponde” .
Las decisiones ya comenzaron a traducirse en acciones concretas. El Ministerio de Educación anunció la revisión de textos, guías y planes de enseñanza bajo la llamada agenda “anti-woke”, un término importado del debate estadounidense que agrupa —y descalifica— las luchas del feminismo, la diversidad sexual y el antirracismo . Un asesor presidencial fue nombrado específicamente para desarrollar estrategias en torno a la guerra cultural, incluidos temas de familia, identidad nacional y “valores occidentales” .
Castañeda advirtió antes de las elecciones que un gobierno de De la Espriella significaría “retroceso y amenaza a los derechos adquiridos para personas LGBT”, y señaló que, a diferencia de contiendas anteriores —donde incluso candidatos de derecha incluían propuestas concretas para la población diversa—, esta campaña convirtió la diversidad sexual en un tema ausente o directamente hostil , .
El riesgo no es teórico. En los países donde la guerra cultural ya se tradujo en decisiones gubernamentales, como Estados Unidos y Argentina, los recortes alcanzaron programas de salud, atención a violencias de género y educación sexual . En Colombia, el marco normativo es robusto —la Corte Constitucional ha tutelado derechos, la JEP abrió casos históricos sobre violencia contra personas LGBTIQ+ en el conflicto, y en 2025 se aprobó la Política Nacional LGBTIQ+ con vigencia hasta 2035 , —, pero su implementación depende de voluntad política, presupuesto y capacidad institucional. Todo eso está ahora en disputa.
Una tormenta perfecta
Lo que enfrenta la población LGBTIQ+ en Colombia no es una amenaza única, sino la convergencia de dos dinámicas que se retroalimentan. La fragmentación armada multiplica los actores violentos que explotan el prejuicio como herramienta de control territorial. La batalla cultural desde el gobierno legitima discursos que reducen los derechos conquistados a “ideología” prescindible. Entre ambas fuerzas, la brecha entre la ley escrita y la vida vivida se ensancha.
Como advierte La Silla Vacía, lo que suceda en los próximos años definirá si la lucha por la identidad y los valores se mantiene como retórica electoral o transforma de manera duradera la relación entre el Estado y la democracia en Colombia . Para las personas LGBTIQ+ que habitan los territorios más golpeados por la violencia, esa pregunta no es académica: es una cuestión de supervivencia.
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