La segunda vuelta presidencial de Colombia, programada para este domingo 21 de junio de 2026, enfrenta a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. Más allá de la polarización ideológica, el choque entre ambos revela dos maneras muy distintas de entender la política ambiental: una la presenta como eje de justicia territorial, transición energética y derechos colectivos; la otra la concibe como una pieza de orden, productividad, seguridad y confianza para la inversión. El resultado definirá no solo al sucesor de Gustavo Petro, sino también la dirección de uno de los países más biodiversos del planeta en un momento de alta fragilidad ecológica y social.
El contexto en el que se produce esta disputa es severo. Según el IDEAM, Colombia cerró 2024 con 113608 hectáreas deforestadas, frente a 79256 en 2023, y el 68 % de esa pérdida se concentró en la Amazonía. El mismo informe señala que 528 municipios registraron al menos una hectárea deforestada y que las causas directas más importantes siguen siendo el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la infraestructura no planificada, la extracción ilícita de minerales y los cultivos de uso ilícito. A esa presión ambiental se suma la violencia: la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos verificó 99 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en 2025 y pidió al gobierno actual y al futuro redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Antes de la primera vuelta, Mongabay advirtió que las propuestas ambientales de los principales candidatos eran discretas, superficiales y poco conectadas con las crisis territoriales del país. Su cobertura subrayó vacíos en materia de deforestación, minería, pérdida de biodiversidad, crisis climática y protección de personas defensoras. En otras palabras, el ambiente aparecía más como un apéndice del debate que como una columna vertebral del proyecto de país. Lo interesante de la recta final es que esa crítica obligó a las campañas, en especial a las de Cepeda y De la Espriella, a aterrizar mejor sus mensajes y a convertir la cuestión ecológica en un asunto visible de la segunda vuelta.
En el caso de Iván Cepeda, la apuesta ambiental se inscribe dentro de un programa revisado en junio, más preciso que su versión inicial y organizado alrededor de tres “revoluciones”: ética, social-económica y política. El candidato moderó algunos puntos polémicos de su agenda —como la idea de una constituyente, sustituida por un “gran acuerdo nacional”—, pero mantuvo un hilo verde claro: el agua como eje de la transformación rural, la defensa de la territorialidad indígena, campesina y afrodescendiente, la profundización de la reforma agraria y una transición energética con justicia social. Su campaña oficial, además, plantea una minería “para la vida”, con ordenación socioambiental, respeto a la consulta previa, fortalecimiento de la participación ciudadana y apoyo a la pequeña minería formalizada en lugar de un modelo centrado únicamente en grandes proyectos extractivos.
Cepeda también ha sido explícito en dos puntos que marcan distancia con su rival. Primero, rechaza el fracking y la exploración en yacimientos no convencionales, aunque propone que la transición sea gradual y aproveche los contratos vigentes para evitar un choque abrupto sobre finanzas públicas y empleo. Segundo, quiere acelerar las renovables: su campaña habla de pasar del plan de 6 GW a 10 GW, crear una Agencia Nacional de Energía, ampliar las comunidades energéticas y reformar la Ley 142 para tratar la energía, el agua y el gas más como derechos que como simples mercancías. A esto suma una meta de cero deforestación en 2030, el impulso a un sistema nacional de bioeconomía y estatutos especiales para la Amazonía y el Pacífico, pensados para romper con la dependencia extractiva y construir economías territoriales más sostenibles.
Sin embargo, la propuesta de Cepeda no está libre de preguntas. Aunque su narrativa socioambiental es más robusta y coherente con una visión de transición ecológica, varios análisis han señalado que todavía falta mayor precisión sobre cómo financiar y escalar alternativas como la bioeconomía o cómo convertirlas, en plazos concretos, en un verdadero sustituto de las rentas fósiles. Incluso en la cobertura reciente de la campaña se observa que algunas de sus metas ambientales son más nítidas en el plano conceptual que en el de cronogramas, incentivos e indicadores verificables. El mérito de Cepeda está en haber puesto el ambiente en el centro de una idea de justicia territorial; su desafío es demostrar que esa visión puede salir del terreno programático y volverse política pública medible.
Abelardo de la Espriella, por su parte, ha intentado corregir la imagen de una candidatura frontalmente extractivista con un documento ambiental propio: la estrategia ABC, sigla de Agua, Biodiversidad y Comunidades. Su plan afirma que no hay protección ambiental posible sin imperio de la ley y que combatir economías ilegales es, en sí mismo, la primera política ambiental del país. Bajo esa lógica, la conservación se conecta con seguridad, control territorial, inversión y prosperidad. El programa promete frenar la deforestación con monitoreo satelital, judicializar a sus financiadores, fortalecer áreas protegidas, impulsar bioeconomía y empleos verdes, y proteger a líderes ambientales. También defiende un “destrabe ambiental” para agilizar permisos y consultas previas con plazos máximos, ventanillas únicas y trámites digitalizados, sin —según su documento— rebajar estándares técnicos.
Pero el corazón de la propuesta de De la Espriella sigue estando en una transición apoyada por la renta de los hidrocarburos. Su programa plantea que el país no debe renunciar abruptamente a esos ingresos y abre la puerta a pilotos de fracking “estrictamente regulados”, con exclusión de páramos, áreas protegidas y zonas sensibles, monitoreo independiente y cláusula de suspensión si aparecen daños no mitigables. Al mismo tiempo, su candidatura defiende un crecimiento del PIB del 7 %, la incorporación de 2 millones de nuevas hectáreas de cultivos entre 2026 y 2030, la creación de 600000 empleos rurales, la fumigación aérea y erradicación manual de las 330000 hectáreas de coca que dice querer destruir, y el fin de la política de paz total en favor de una recuperación militar del territorio. Visto en conjunto, es un ambientalismo de productividad y seguridad, no de desescalamiento extractivo.
La verdadera diferencia entre ambos no está solo en si hablan o no de ambiente, sino en el papel que le asignan dentro del Estado. Cepeda lo presenta como fundamento de derechos, de participación comunitaria y de una salida gradual al extractivismo; De la Espriella, como condición para restablecer autoridad, destrabar inversiones y usar de forma “responsable” los recursos naturales, incluidos los fósiles. En uno, la consulta previa es una garantía democrática para legitimar la transición; en el otro, es también un cuello de botella administrativo que debe simplificarse. En uno, el fracking es incompatible con el agua y la crisis climática; en el otro, puede probarse si la técnica y la regulación lo permiten. Son visiones de país más que matices programáticos.
Por eso, la elección de este 21 de junio no se limita a escoger entre dos estilos de liderazgo. También obliga a decidir qué tipo de relación quiere Colombia entre naturaleza, economía y poder territorial. Con una Amazonía bajo presión, con la deforestación aún lejos de resolverse y con líderes sociales y ambientales en riesgo, el próximo gobierno será juzgado menos por sus consignas que por su capacidad real de reducir la pérdida de bosque, proteger a quienes defienden el territorio, ordenar la minería y convertir al agua, la biodiversidad y las comunidades en prioridades presupuestales y no solo discursivas. En esa prueba, tanto Cepeda como De la Espriella ya expusieron su mapa; ahora les toca a los votantes decidir qué ruta consideran más creíble.
