Mujeres que siguen caminando: la Ruta Pacífica y la paz feminista en ColombiaLa noticia de que la Ruta Pacífica de las Mujeres “sigue viva” en Colombia no es solo una constatación organizativa: es una señal política en un tiempo de guerras prolongadas, rearme global y debilitamiento de las agendas de paz. El artículo publicado por El Salto el 14 de septiembre de 2026 sitúa el foco en la convocatoria de un encuentro internacional de Mujeres de Negro, organizado desde Colombia bajo el eje de los conflictos contemporáneos y su impacto sobre las mujeres. La cita coincide con los 30 años de una organización que ha hecho de la noviolencia, el feminismo y el antimilitarismo una práctica cotidiana.
La Ruta Pacífica de las Mujeres nació en 1996 como respuesta a la violencia que sufrían las mujeres en zonas rurales y urbanas atravesadas por el conflicto armado colombiano. Su propia definición la presenta como un movimiento feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja por la negociación política del conflicto y por visibilizar cómo la guerra marca los cuerpos y las vidas de las mujeres. Hoy agrupa a representantes de unas 300 organizaciones, con presencia en más de 126 municipios de 13 departamentos y Bogotá, y afirma haber movilizado a más de 100.000 mujeres en el país.
Su origen está ligado a una imagen poderosa: en 1996, alrededor de 1.500 mujeres llegaron a Mutatá, en el Urabá antioqueño, para acompañar a mujeres afectadas por la violencia sexual y el desplazamiento. El Centro Nacional de Memoria Histórica recuerda que la Ruta puso en el centro el cuerpo de las mujeres como territorio de violencias, pero también como lugar de resistencia. Desde entonces, su consigna —“ni un hombre, ni una mujer, ni un peso para la guerra”— ha resumido una ética política que rechaza tanto las armas como la militarización de la vida civil.
La conexión con Mujeres de Negro amplía esa historia local a una genealogía internacional. La Red Internacional de Mujeres de Negro surgió en 1988, cuando mujeres israelíes comenzaron a manifestarse vestidas de negro y en silencio contra la ocupación de los territorios palestinos. En Colombia, la Ruta se vinculó a esa apuesta en 2001, impulsando plantones y acciones de denuncia contra la guerra. El encuentro virtual de 2026, previsto para los días 10, 11, 17 y 18 de septiembre, se presenta como el XVII Encuentro Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra.
La vigencia de esa agenda se entiende mejor al mirar el contexto global. Según SIPRI, el gasto militar mundial alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, con once años consecutivos de crecimiento y un aumento del 41% en la década 2016-2025. Para movimientos como la Ruta, estas cifras no son abstractas: cada expansión del presupuesto militar compite con recursos que podrían destinarse a salud, educación, vivienda, cuidados, reparación de víctimas o acción climática.
En Colombia, además, la paz sigue siendo una tarea incompleta. La ONU ha insistido en que el Acuerdo Final de 2016 debe implementarse de forma integral para cumplir su promesa de paz, justicia y reconciliación. El mismo informe reconoce avances, como entrega y formalización de tierras, pero también alerta sobre riesgos de seguridad, asesinatos de firmantes de paz, masacres, desplazamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos.
Los datos humanitarios explican por qué la voz de las mujeres sigue siendo urgente. OCHA proyecta que en 2026 millones de personas en Colombia necesitarán asistencia humanitaria por la combinación de conflicto, desastres climáticos y migración. También señala que, entre 2021 y 2025, se reportaron más de 6.000 casos de violencia sexual, el 90% contra mujeres y niñas. Human Rights Watch, por su parte, recoge que entre enero y agosto de 2025 más de 79.500 personas sufrieron desplazamientos masivos y que feminicidios y violencia sexual aumentaron en 2024 y 2025.
La justicia transicional también muestra la dimensión de esa deuda. El Caso 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz investiga violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes por prejuicio cometidos en el marco del conflicto armado. La JEP ha identificado 35.178 víctimas de violencia sexual entre 1957 y 2016, atribuidas a distintos actores armados. Para la Ruta, la verdad no es solo judicial: es memoria, reparación, escucha y garantía de no repetición.
Por eso la Ruta Pacífica incomoda. Su pacifismo no es neutralidad ante la violencia, sino una crítica simultánea a los grupos armados, al Estado cuando falla en proteger, y a una cultura política que normaliza la guerra como solución. Su propuesta desplaza la pregunta clásica de la seguridad —más tropas, más armas, más control— hacia otra más profunda: qué condiciones permiten vivir sin miedo, con tierra, justicia, participación, salud, educación y autonomía.
Treinta años después, la Ruta no “sigue viva” por nostalgia, sino porque las causas que la hicieron nacer no han desaparecido. En un país que firmó un acuerdo de paz ejemplar en enfoque de género, pero que aún enfrenta desplazamientos, violencia sexual y disputas armadas, estas mujeres recuerdan que la paz no se decreta: se camina, se cuida, se defiende y se organiza. Su mensaje, desde Colombia hacia el mundo, es sencillo y radical: frente al negocio de la guerra, la vida debe volver a ser el centro.
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