
El 15 de noviembre de 2026, Abelardo de la Espriella alcanza sus primeros cien días como presidente de Colombia. El abogado ultraderechista llegó al poder con una oferta de soluciones rápidas: recuperar la seguridad, estabilizar la salud y sanear las cuentas públicas. El balance revela, sin embargo, una distancia considerable entre la ambición de sus anuncios y los resultados acreditados en estos primeros meses.
Conviene precisar el alcance del incumplimiento. El Milagrómetro de La Silla Vacía identificó 16 compromisos verificables, con distintos vencimientos. Según su seguimiento, ninguna de las cinco promesas de salud y seguridad previstas para los primeros noventa días se había completado. Eso no significa que toda la gestión esté paralizada ni que hayan vencido los plazos del resto del programa.
El terremoto que trastocó la agenda
El Ejecutivo afrontó una circunstancia extraordinaria: el terremoto del 10 de agosto, apenas tres días después de la posesión, dejó más de 300 muertos y miles de heridos. Analistas consultados por Infobae coinciden en que la emergencia alteró las prioridades de cualquier plan inicial. También señalan que la falta de un empalme efectivo entre las administraciones saliente y entrante dificultó la respuesta institucional.
La reconstrucción se ha convertido, además, en una prueba de capacidad administrativa. El Espectador informó de que, sobre un presupuesto máximo de 624.656 millones de pesos aprobado para intervenciones urgentes, el Fondo Milagro había adelantado procesos contractuales por 7.440 millones. Las críticas por los salarios de su dirección desembocaron en la salida del gerente. La emergencia explica el cambio de agenda, pero no elimina la obligación de ejecutar y rendir cuentas.
Seguridad: operaciones sin control territorial completo
La seguridad concentra la identidad política del nuevo Gobierno. Sin embargo, de los diez cabecillas que De la Espriella prometió capturar o abatir durante sus primeros noventa días, habían caído tres, según el balance de elDiario.es. La intensificación de las operaciones no equivale, por sí sola, a recuperar territorios donde las organizaciones armadas mantienen capacidad de intimidación y control social.
El panorama tampoco es uniformemente negativo. La Fundación Ideas para la Paz registra una caída del 10,6% de los homicidios en agosto y septiembre respecto a esos meses de 2025. Pero recoge también unos 29.000 integrantes de grupos armados, contando combatientes y redes de apoyo, y un aumento del 95% de los ataques con drones entre enero y septiembre. Su advertencia metodológica resulta fundamental: cien días son insuficientes para atribuir causalidad, y los datos anuales incluyen meses anteriores al cambio presidencial.
Existen, asimismo, decisiones concretas. Los expertos entrevistados por Infobae destacan la aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia y valoran positivamente la interlocución presidencial con alcaldes y gobernadores. Estos avances matizan la imagen de inactividad, aunque todavía no demuestran que la estrategia vaya a producir mejoras sostenidas para la población.
Salud y ajuste fiscal: resultados parciales y contradicciones
En salud, el problema es la distancia entre atender casos y estabilizar un sistema. Según los datos oficiales recogidos por La Silla Vacía, al 3 de noviembre había resuelto su solicitud pendiente el 31% de las personas incluidas en el plan de choque. El avance era mayor en medicamentos que en tratamientos. Son mejoras relevantes para quienes recibieron atención, pero inferiores a la garantía inmediata prometida.
También aquí existen valoraciones favorables. El politólogo Alejo Vargas aprecia una voluntad de corregir los problemas del sector. No obstante, el profesor Juan Nicolás Garzón reclama indicadores comparables sobre tiempos de espera, medicamentos pendientes, tutelas y deudas con prestadores. Su distinción es importante: hay señales de ejecución, pero todavía faltan elementos para afirmar que el sistema esté estabilizado.
La financiación sanitaria conecta con el frente fiscal. La denominada Ley de Rescate Económico combina recortes estatales con cambios tributarios: propone reducir cargas empresariales y ampliar la recaudación sobre personas y consumo. Entre sus medidas figura eliminar tratamientos preferenciales del IVA, de modo que productos actualmente exentos o gravados al 5% pasarían al 19%. Es una propuesta pendiente de aprobación, no una subida ya vigente.
El contraste con la promesa electoral de no aumentar impuestos tiene consecuencias políticas. EL PAÍS documentó el 13 de noviembre resistencias incluso dentro de la coalición oficialista, especialmente al gravamen sobre alimentos. El Gobierno afronta así una negociación que demuestra los límites del respaldo parlamentario: compartir una orientación política no garantiza aceptar cómo se distribuyen los costes del ajuste.
Comunicar resultados no sustituye al escrutinio
La batalla por el balance también se libra en la comunicación. La Silla Vacía reveló una estrategia gubernamental para presentar más de 480 resultados bajo la marca «100 días + de 100 milagros». El documento prioriza contenidos preparados y difusión digital sin depender de entrevistas. Ese formato permite controlar el mensaje, pero dificulta contrastar anuncios, actuaciones administrativas y transformaciones efectivas.
La Fundación para la Libertad de Prensa añade una preocupación democrática. Su evaluación documenta dos casos de presunto acoso judicial contra periodistas desde el comienzo del mandato y cuestiona las restricciones de acceso a fuentes oficiales. También critica la directiva que centraliza la comunicación gubernamental. La rendición de cuentas requiere algo más que publicar vídeos o balances: exige admitir preguntas y facilitar información verificable.
La lectura conjunta de estos balances invita a evitar dos simplificaciones: ni todas las dificultades nacieron con este Gobierno ni la herencia recibida vuelve irrelevantes sus compromisos. Cien días permiten evaluar prioridades y obligaciones inmediatas, no resolver definitivamente problemas estructurales. El reto de De la Espriella será convertir decisiones y operaciones en mejoras sostenidas, medibles y sometidas al escrutinio público.
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