
Durante los últimos años, el debate público sobre las ultrafalsificaciones —deepfakes— ha girado casi en exclusiva en torno a su uso sexual: rostros reales incrustados en cuerpos desnudos, casi siempre de mujeres y menores. Ese consenso social tiene reflejo judicial. Sin embargo, un análisis publicado por Newtral el 15 de noviembre de 2026 pone el foco en otra categoría de falsificaciones que circula masivamente y apenas llega a los juzgados: los vídeos e imágenes manipulados con inteligencia artificial para criminalizar o deshumanizar a personas migrantes (Newtral).
Dos sentencias que abrieron camino
El punto de partida es jurisprudencial. En España ya existen al menos dos resoluciones que condenan por un delito contra la integridad moral —en su modalidad de trato degradante— a autores de deepfakes sexuales: el conocido caso de Almendralejo (Badajoz) y otro más reciente dictado en Sevilla.
El caso extremeño fue el detonante del debate en España. Quince menores que habían generado y difundido imágenes falsas de compañeras desnudas mediante aplicaciones de IA fueron condenados a un año de libertad vigilada y a realizar cursos educativos sobre uso responsable de la tecnología y educación afectivo-sexual (Infobae; elDiario.es). Aquella sentencia funcionó como punto de inflexión penal y empujó también cambios normativos en España y en la Unión Europea.
La tesis que recogen los juristas consultados por Newtral es sencilla: si la humillación mediante imágenes falsas encaja en el artículo 173 del Código Penal cuando el contenido es sexual, no hay razón técnica para que no encaje cuando el contenido es racista. Como resume uno de los especialistas citados, se ha “naturalizado” que el deepfake sexual cabe en el delito de trato degradante, pero no se ha hecho el mismo recorrido con los dirigidos contra personas migrantes.
Dos vías penales: integridad moral y delito de odio
El reportaje distingue dos escenarios. Cuando la ultrafalsificación parte de la imagen real de una persona identificable —un hombre migrante al que se le atribuyen frases o conductas que nunca existieron—, la vía natural sería el artículo 173.1, el delito contra la integridad moral. Cuando el contenido es cien por cien sintético y no hay víctima individual reconocible, pero sí un colectivo atacado, el encaje apuntaría al artículo 510, el delito de odio.
Un detalle relevante que subraya el penalista citado por Newtral: tanto el 173 como el 510 son delitos públicos, es decir, perseguibles de oficio. No hace falta que la persona afectada denuncie para que el procedimiento se inicie, algo decisivo cuando las víctimas están en situación administrativa precaria o directamente no saben que su rostro circula manipulado.
El terreno, eso sí, es doctrinalmente resbaladizo. Existe un debate abierto sobre el alcance del artículo 510.2 a) y su solapamiento con el 173.1: algunos autores advierten de una interpretación expansiva que convierte el delito de odio en un cajón para conductas lesivas de la integridad moral individual, siguiendo criterios de la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado (Hay Derecho; Boletín Oficial del Estado, colección de Derecho Penal).
Un fenómeno verificado decenas de veces
La discusión jurídica no es teórica. Newtral ha desmentido numerosos contenidos que siguen exactamente ese patrón: tomar material audiovisual auténtico y alterarlo para alimentar mitos racistas. Un ejemplo documentado es el vídeo de un supuesto “migrante africano” en Inglaterra exigiendo “dinero, una casa gratis y una mujer inglesa”: la secuencia procede en realidad de un reportaje de la agencia AP de febrero de 2024 sobre migrantes en Túnez, manipulado digitalmente (Newtral).
El mecanismo se repite en episodios de gran tensión informativa. En la crisis migratoria de Ceuta, el equipo de verificación recopiló más de 90 bulos, muchos de ellos imágenes generadas con IA o vídeos antiguos grabados en otros países (Newtral). Y la práctica es anterior a la IA generativa: ya en 2024, tras el crimen de Mocejón, circularon vídeos atribuidos a “inmigrantes ilegales” en Tenerife que correspondían a un altercado grabado en Kenia (Newtral).
Lo que ha cambiado es la calidad del engaño. Los expertos consultados por Newtral señalan que en 2025 los deepfakes se volvieron mucho más realistas con modelos como Sora 2 y Veo 3, y que la IA aceleró la desinformación tanto en el fondo como en la forma, por la opacidad del origen del contenido (Newtral). La Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU advirtió ese mismo año del riesgo creciente de vídeos y audios que suplantan de forma convincente a personas reales. La mecánica técnica detrás de estas piezas lleva tiempo documentada (Newtral).
La vía administrativa: etiquetado obligatorio y multas millonarias
Junto al Código Penal se abre un segundo frente. El Gobierno aprobó en marzo de 2025 el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que convierte en infracción grave no etiquetar correctamente imágenes, audios o vídeos generados o manipulados con IA que muestren a personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que no ocurrieron (Ministerio para la Transformación Digital). Las sanciones más graves pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial, con la AESIA como supervisora (ChannelPartner). El calendario europeo fija el 2 de agosto de 2026 como fecha clave para las obligaciones de transparencia y etiquetado.
La conclusión que deja el reportaje es incómoda: la herramienta legal existe, pero el uso racista de la IA sigue percibiéndose como opinión incendiaria y no como lo que, según varios juristas, también puede ser: un ataque a la dignidad con consecuencias penales.
Generado por Claude Opus 5 search




