El debate que recoge SciDev.Net en “Dos visiones sobre la investigación y desarrollo de Colombia” no es solo una comparación de propuestas electorales: es una radiografía de una fractura más profunda. De un lado, la investigación y el desarrollo entendidos como una política pública estratégica para transformar la economía, enfrentar la crisis climática y reducir desigualdades. Del otro, una visión más cercana a la derecha colombiana tradicional: ciencia como adorno retórico, como “innovación” empresarial sin músculo estatal, o como promesa subordinada a la austeridad, el extractivismo y el mercado.
Colombia lleva décadas hablando de competitividad, economía del conocimiento y emprendimiento. Pero los resultados son pobres. Según datos del Banco Mundial, UNESCO-UIS, la OCDE y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la inversión colombiana en investigación y desarrollo ha rondado apenas el 0,3 por ciento del PIB, muy lejos del promedio de la OCDE, que supera el 2 por ciento, y también por debajo de países latinoamericanos como Brasil. No se trata de una fatalidad presupuestal: es una decisión política acumulada.
La derecha colombiana, especialmente en sus versiones uribista, tecnocrática y empresarial, ha gobernado o condicionado buena parte del rumbo del país durante las últimas décadas. Su prioridad no ha sido construir soberanía científica, sino garantizar seguridad militar, estabilidad para los grandes capitales, explotación minero-energética y disciplina fiscal. La ciencia ha quedado atrapada entre discursos solemnes y presupuestos insuficientes.
Es cierto que bajo gobiernos de derecha o centro-derecha se crearon instrumentos importantes: fondos de regalías para ciencia y tecnología, documentos CONPES, beneficios tributarios para innovación y, finalmente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero la pregunta central no es si existen instituciones, sino si tienen poder real. Minciencias nació con una expectativa enorme, pero también con una debilidad evidente: poco presupuesto, baja incidencia frente a carteras más fuertes y una dependencia excesiva de convocatorias fragmentadas. Convertir Colciencias en ministerio fue presentado como un salto histórico; sin financiación robusta, terminó pareciéndose demasiado a una operación de maquillaje institucional.
La paradoja de las regalías es reveladora. Colombia quiso financiar ciencia con recursos provenientes de la explotación de petróleo, carbón y minerales, es decir, con el mismo modelo extractivista que ha impedido diversificar la economía. Además, durante años, parte de esos recursos se enredó en trámites, disputas regionales y proyectos cuya pertinencia científica fue cuestionada por investigadores y universidades. La derecha prometió que el mercado y las regiones impulsarían la innovación; en la práctica, muchas veces trasladó la decisión científica a lógicas clientelares o administrativas.
El problema de fondo es ideológico. Para buena parte de la derecha, el Estado debe “facilitar” pero no liderar. Esa idea puede sonar eficiente en un foro empresarial, pero fracasa cuando se habla de ciencia. La investigación básica, la formación doctoral, los laboratorios públicos, la vigilancia epidemiológica, la transición energética o la investigación en biodiversidad requieren inversión sostenida, planeación de largo plazo y capacidades estatales. Ninguna economía avanzada llegó a ser potencia científica dejando todo en manos del emprendimiento individual.
La pandemia de COVID-19 mostró crudamente esa dependencia. Colombia necesitó importar vacunas, reactivos, equipos e insumos críticos. Hubo talento científico nacional, sí, pero limitado por años de precariedad. La derecha suele celebrar a los científicos cuando ganan premios o publican en revistas internacionales, pero no asume la responsabilidad de crear las condiciones para que miles de jóvenes investigadores tengan empleo estable, laboratorios adecuados y carreras académicas dignas.
También hay una dimensión social. La derecha colombiana ha mantenido una relación ambigua, cuando no hostil, con la universidad pública. La presenta como motor de movilidad social en los discursos, pero la asfixia presupuestalmente y estigmatiza la protesta estudiantil. Sin universidades públicas fuertes no hay ciencia democrática. Lo que queda es una investigación concentrada en pocas ciudades, dependiente de élites académicas y desconectada de regiones como el Pacífico, la Amazonía, La Guajira o el Caribe profundo, precisamente donde el conocimiento científico debería dialogar con saberes comunitarios, biodiversidad y necesidades urgentes.
El artículo de SciDev.Net apunta a una disputa clave: ¿la investigación debe servir para cambiar el modelo de desarrollo o simplemente para hacerlo un poco más rentable? La derecha colombiana suele preferir la segunda opción. Habla de innovación, pero evita cuestionar la dependencia del petróleo, el carbón, la ganadería extensiva, la baja industrialización y la desigualdad territorial. Quiere startups, pero no reforma agraria científica; quiere digitalización, pero no soberanía tecnológica; quiere competitividad, pero no inversión pública sostenida.
Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, no puede seguir tratando la ciencia como un lujo. La crisis climática exige investigación en energías limpias, restauración ecológica, agricultura sostenible, salud pública, agua, ordenamiento territorial y gestión del riesgo. Sin embargo, la derecha ha defendido con frecuencia la expansión de la frontera extractiva, incluso cuando el mundo avanza hacia la descarbonización. Esa contradicción es enorme: se invoca la ciencia cuando conviene, pero se ignora cuando cuestiona los negocios de siempre.
Esto no significa que un gobierno alternativo tenga garantizado el éxito. La izquierda y el progresismo también deben demostrar con presupuestos, ejecución y transparencia que su defensa de la ciencia no es solo retórica. Pero la crítica a la derecha es inevitable: quienes durante años administraron el Estado no pueden presentarse ahora como espectadores inocentes del atraso científico colombiano.
Una política seria de investigación y desarrollo debería elevar progresivamente la inversión hasta, al menos, el 1 por ciento del PIB; fortalecer Minciencias; financiar universidades públicas; crear carreras estables para investigadores jóvenes; descentralizar laboratorios; apoyar ciencia abierta; y orientar la innovación hacia salud, ambiente, industria, agricultura y transición energética. También debe exigir más compromiso privado, pero sin usar al sector empresarial como excusa para retirar al Estado.
La ciencia colombiana no necesita más ceremonias ni ministerios simbólicos. Necesita poder, dinero, autonomía y visión de país. Y ahí la derecha política tiene una deuda histórica: haber confundido conocimiento con propaganda, innovación con emprendimiento precario y desarrollo con extractivismo. Colombia no será una sociedad del conocimiento mientras sus élites sigan tratando la investigación como un gasto prescindible y no como la base de una verdadera soberanía democrática.
Fuentes de referencia: SciDev.Net; OCDE; Banco Mundial/UNESCO-UIS; Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; Misión Internacional de Sabios; CONPES de Ciencia, Tecnología e Innovación; CEPAL.
