En septiembre de 2023, el sitio informativo Data Urgente publicó una denuncia que ha generado profunda preocupación entre organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y observadores críticos del Estado colombiano: documentos filtrados del Departamento de Estado de Estados Unidos revelan que funcionarios norteamericanos han iniciado investigaciones sobre supuesto “antisemitismo” en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en territorios habitados por comunidades Arhuacas, Wiwas y Kogi. Según la información filtrada, dicha investigación no tendría como objetivo garantizar los derechos de estos pueblos, sino más bien identificar “brechas para la promoción del sionismo evangélico”, un enfoque que plantea serias cuestiones sobre la intromisión extranjera en asuntos internos, la instrumentalización de categorías religiosas y la responsabilidad del gobierno colombiano en la protección de sus pueblos indígenas. Ante este escenario, es imperativo examinar no solo el contenido de estos documentos, sino también el silencio o la respuesta limitada del gobierno Espriella, cuya omisión estratégica y priorización de intereses bilaterales con EE.UU. refleja una grave deficiencia en la defensa de la soberanía nacional y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Los documentos filtrados, según Data Urgente, indican que agentes del Estado estadounidense han realizado contactos con autoridades locales y organizaciones sociales en la Sierra Nevada, bajo el pretexto de monitorear “discursos que puedan afectar la tolerancia religiosa”. Sin embargo, el enfoque específico en el término “antisemitismo” en contextos donde históricamente no ha existido una presencia judía ni conflictos directos relacionados con el judaísmo, sugiere una aplicación forzada de categorías provenientes del discurso político occidental, especialmente en un momento en que el antisemitismo está en agenda global por razones geopolíticas. Más aún, la mención explícita de “promover el sionismo evangélico” revela una agenda clara: vincular la defensa de Israel con la evangelización de pueblos indígenas, una práctica concretada en décadas de intervención misionera en territorios colombianos, donde organizaciones evangélicas han recibido apoyo estatal y financiamiento internacional, a menudo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Esto no solo vulnera el principio de autodeterminación indígena, recogido en la Constitución política de Colombia y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también perpetúa una lógica colonialista de imposición de valores religiosos bajo la bandera de la “ayuda humanitaria” o la “defensa de derechos humanos”.
Frente a este entramado, la respuesta del gobierno Espriella ha sido, a todos los efectos, insuficiente e inadecuada. Hasta la fecha, no se ha registrado una declaración pública contundente por parte de las autoridades nacionales que condene explícitamente la investigación estadounidense en territorios indígenas sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni el Ministerio de Cultura, ni la Presidencia han emitido un comunicado que reafirme la soberanía del Estado colombiano sobre sus acciones en territorios indígenas, ni han exigido transparencia sobre el acceso que funcionarios estadounidenses han tenido a datos sensibles de las comunidades. Esta ausencia de posición firme no es meramente un fallo de protocolo, sino una señal de que el Estado colombiano sigue priorizando la estabilidad de sus relaciones con EE.UU.—especialmente en clima de cooperación militar, combate a narcoterrorismo o proyectos de desarrollo—por encima de la defensa activa de los derechos de los pueblos indígenas. Es especialmente grave si se considera que, en los últimos años, el gobierno ha promovido políticas que, en teoría, buscan fortalecer la consulta y participación indígena, pero en la práctica, no han logrado garantizar un control autónomo de las comunidades sobre sus territorios ni han impedido la intervención de actores externos con agendas religiosas o geopolíticas.
La intromisión de EE.UU. en este ámbito no es un evento aislado. Colombia ha sido históricamente un foco de misiones evangélicas internacionales, muchas de ellas financiadas o respaldadas por gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. Estas misiones, aunque a veces presentadas como iniciativas de paz o desarrollo, han sido criticadas por comunidades indígenas por desplazar cosmovisiones ancestrales, generar conflictos internos y, en casos extremos, facilitar la militarización de territorios bajo la excusa de combatir grupos armados. Al permitir que una agencia extranjera evalúe y potencialmente actúe en asuntos tan sensibles como la espiritualidad y la identidad cultural de los pueblos de la Sierra Nevada, el Estado colombiano no solo falla en su rol de garante de derechos, sino que riesga profundizar la desconfianza de las comunidades hacia la autoridad nacional, que ha sido percibida en múltiples ocasiones como cómplice de procesos de exclavitud económica, despojo territorial o imposición de modelos culturales ajenos.
Es fundamental destacar que las comunidades Arhuacas, Wiwas y Kogi han sido claras en sus reivindicaciones: no buscan confrontaciones religiosas ni proyectos externos sin su plena participación. Sus líderes han advertido reiteradamente sobre la importancia de respetar sus propios mecanismos de diálogo, sus autoridades tradicionales y sus decisiones colectivas. Al no intervenir para detener o regular la investigación estadounidense, el gobierno Espriella no solo ignora estas voces, sino que, de hecho, legitima una práctica en la que un país extranjero puede intervenir en asuntos internos bajo el paraguas de la “seguridad” o los “valores universales”, sin rendir cuentas ante los afectados. Esto socava el principio de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho colectivo con autonomía para gestionar sus propios asuntos, un principio reconocido constitucionalmente pero frecuentemente vacío en la práctica.
La situación plantea preguntas críticas que el gobierno Espriella debe abordar de manera urgente: ¿Por qué no se ha exigido a EE.UU. claridad sobre los objetivos reales de esta investigación y su conformidad con el marco legal colombiano e internacional? ¿Por qué no se ha realizado una auditoría independiente sobre el acceso que funcionarios extranjeros han tenido a datos de las comunidades, incluyendo registros de autoridades tradicionales o espacios sagrados? ¿Y, sobre todo, ¿cómo planea el gobierno garantizar que las comunidades indígenas de la Sierra Nevada sean actores centrales en cualquier acción que implique su territorio, en lugar de ser meros sujetos de estudio o proyecto? Hasta ahora, la falta de una agenda pública enfocada en estos puntos sugiere que la protección de los derechos indígenas sigue siendo subordinada a consideraciones de política exterior de corto plazo, lo que es inaceptable en un Estado democrático que se proclama respetuoso de la diversidad y la soberanía popular.
En aras de una verdadera justicia y reparación, se requiere que el gobierno Espriella: (1) emita una declaración formal condenando la intromisión no consensuada de actores extranjeros en territorios indígenas, sin menoscabo de la cooperación internacional, pero siempre bajo el marco de la autoridad nacional y el consentimiento previo de las comunidades; (2) convoque un proceso de consulta amplio y directo con las autoridades indígenas de la Sierra Nevada para conocer sus preocupaciones y diseñar protocolos claros sobre la participación de organismos extranjeros en sus territorios; (3) solicite a EE.UU. información detallada y transparente sobre los fines, metodologías y resultados esperados de la investigación mencionada, exigiendo que cualquier acción futura respete plenamente los derechos colectivos reconocidos constitucionalmente; y (4) refuerce mecanismos de defensa legal y acompañamiento estatal para proteger a líderes indígenas que han denunciado estas prácticas, evitando que sean objeto de estigmatización o presión política.
La historia de Colombia con sus pueblos indígenas está marcada por décadas de exclusión, violencia y desconfianza. Avanzar en una relación basada en el respeto, la equidad y la justicia no es un acto de idealismo, sino una obligación ética y política. Permitir que un gobierno extranjero, bajo la guisa de combater “antisemitismo” en un contexto donde este término carece de relevancia directa, se adentre en los asuntos espirituales y territoriales de comunidades que han resistido la colonización y la marginación, es una continuidad peligrosa de prácticas que el Estado debe rechazar con firmeza. El silencio del gobierno Espriella ante este hecho no es neutral: es una elección política que privilegia la estabilidad de alianzas internacionales por encima de la dignidad y los derechos de quienes más marginalizados han sido históricamente en este país. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad como garante de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos cuyas vidas y territorios son el fundamento mismo de la identidad nacional. La Sierra Nevada de Santa Marta no puede convertirse en un campo de experimentación para agendas extranjeras; sus pueblos indígenas merecen un Estado que los defienda con valentía, claridad y compromiso inquebrantable.
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