Quien conduzca estos días por algunas de las carreteras que rodean Oviedo se encontrará con una imagen tan inesperada como elocuente: el rostro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impreso a gran tamaño en cinco vallas publicitarias. No hay campaña electoral, no hay visita oficial, no hay hermanamiento entre el Principado de Asturias y el país centroamericano. Hay, según ha publicado Público, un empresario dispuesto a pagar de su bolsillo la promoción de un mandatario extranjero a 8.000 kilómetros de distancia. Y hay, casi de inmediato, una batalla política en redes sociales entre quienes lo celebran como un gesto de admiración legítima y quienes lo denuncian como propaganda de un autoritarismo importado.
La anécdota es local; el síntoma, global.
Publicidad privada, mensaje político
Conviene empezar por lo evidente: pagar una valla no es delito. Fuera de los periodos electorales, la normativa española apenas limita los contenidos políticos en soportes publicitarios privados, siempre que no incurran en delitos de odio o publicidad engañosa. Un particular puede colgar la cara de quien quiera, igual que podría colgar la de Mandela, la de Trump o la de un futbolista.
Pero que algo sea legal no lo convierte en inocuo. Las vallas no son una carta al director ni un tuit: son un dispositivo diseñado para ocupar el espacio público visual de forma masiva y unidireccional, sin réplica posible. Cuando lo que se instala en ese espacio es la efigie de un gobernante extranjero que lleva más de tres años gobernando bajo un régimen de excepción, la operación deja de ser decorativa. Es una toma de posición ideológica pagada, amplificada por el dinero de quien puede permitírselo. Y, como era previsible, ha funcionado: las cinco vallas han generado mucho más ruido —y mucha más difusión gratuita en redes— que el coste de alquilarlas.
Lo que las vallas no cuentan
El argumento de los admiradores de Bukele siempre es el mismo, y tiene una base real: El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del planeta —con tasas superiores a los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes hace una década— a exhibir cifras que su Gobierno sitúa entre las más bajas del continente. Nadie serio niega que la vida cotidiana de muchos salvadoreños haya mejorado en términos de seguridad percibida. El problema es todo lo que la valla no cabe.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción prorrogado mes tras mes que suspende garantías básicas: el derecho a la defensa, el plazo de detención administrativa, la inviolabilidad de las comunicaciones. Bajo ese paraguas se han producido más de 80.000 detenciones, convirtiendo al país en el Estado con mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la salvadoreña Cristosal han documentado detenciones arbitrarias sin orden judicial, juicios masivos con centenares de acusados a la vez, imposibilidad de acceder a un abogado y cientos de muertes bajo custodia estatal. Miles de personas han sido liberadas después por falta de pruebas, tras meses o años de encierro: gente sin vínculo alguno con las pandillas, detenida por un tatuaje, por vivir en el barrio equivocado o por una denuncia anónima.
Tampoco cabe en la valla el hallazgo periodístico —sostenido durante años por El Faro y respaldado por sanciones del Tesoro estadounidense a altos funcionarios salvadoreños— de que el Gobierno negoció con las mismas pandillas cuya derrota exhibe como trofeo. Ni el traslado a la megacárcel del CECOT de deportados enviados desde Estados Unidos sin proceso judicial individualizado, en un acuerdo que convirtió al país en subcontratista penitenciario de otro Estado.
El desmontaje democrático
Reducir el caso Bukele a un debate sobre criminalidad es hacerle el trabajo. Lo que ha ocurrido en El Salvador es una demolición institucional metódica: en mayo de 2021, con una Asamblea recién estrenada y controlada por su partido, se destituyó en una sola noche a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Los nuevos magistrados habilitaron después una reelección que la Constitución prohibía de forma expresa. Más recientemente, una reforma constitucional exprés ha alargado el mandato presidencial y abierto la puerta a la reelección indefinida.
A eso se suma el estrangulamiento del contrapoder civil: una ley de agentes extranjeros que grava las donaciones internacionales a organizaciones no gubernamentales, la detención de abogados y defensores de derechos humanos, el espionaje con Pegasus a periodistas y el exilio de buena parte de la prensa independiente salvadoreña, incluida la redacción de El Faro, trasladada a Costa Rica.
Ese es el paquete completo que, resumido en una sonrisa fotogénica, se ofrece desde el arcén de una carretera asturiana.
Por qué Oviedo
La pregunta interesante no es qué hace Bukele en Oviedo, sino por qué alguien cree que Bukele sirve en Oviedo. Asturias no tiene un problema de maras. España registra una de las tasas de homicidio más bajas de Europa y del mundo, en torno a 0,7 por cada 100.000 habitantes. Importar el “modelo Bukele” a este contexto no responde a un diagnóstico criminológico, sino a una estrategia emocional: instalar la sensación de inseguridad primero para vender la solución autoritaria después.
Ahí está la clave de la batalla política desatada. Bukele se ha convertido en el santo laico de la derecha radical global —de Vox a Milei, de Kast a sectores del trumpismo—, precisamente porque encarna la promesa de que la eficacia justifica saltarse las reglas. Su marca personal, cuidadosamente construida a base de ironía en redes (llegó a autodenominarse “el dictador más cool del mundo”), convierte la crítica en publicidad.
Las cinco vallas de Oviedo son, en ese sentido, un experimento exitoso. Han conseguido que hablemos de ellas. La respuesta no puede ser la censura, sino algo más incómodo y más lento: recordar, cada vez, todo lo que no cabe en un cartel.
Generado por Claude Opus 5 high
