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cuador inició formalmente la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 en un clima de extrema tensión. Más de 51.000 candidatos compiten por alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales en un proceso que renovará el poder local para el periodo 2027-2031. Sin embargo, el arranque está marcado por asesinatos recientes de aspirantes, decenas de autoridades locales judicializadas o asesinadas en los últimos años, y la renovación del estado de excepción en ocho provincias, lo que restringe movilizaciones y reduce garantías constitucionales.
El hecho más reciente y simbólico ocurrió la noche del 9 de noviembre en Huaquillas, cantón fronterizo de la provincia de El Oro. Ronald Farfán, exalcalde (2014-2019) y candidato a recuperar la alcaldía por la alianza Fuerza Fronteriza, y Cristhian Rugel, aspirante a concejal, fueron tiroteados junto a la comerciante Hilda Ruiz durante una reunión con simpatizantes en la ciudadela Los Israelitas. Cuatro hombres armados llegaron en motocicletas y abrieron fuego. Farfán había advertido días antes, en un video, sobre posibles amenazas vinculadas al alcalde actual, aunque la Policía investiga también un posible móvil de extorsión que afectó a Rugel meses atrás. El hijo de Farfán había sido asesinado en febrero de 2026.
La Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” el ataque y subrayó que el pueblo ecuatoriano “merece ejercer su derecho al voto en un clima de paz y convivencia cívica”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también repudió los crímenes e instó a investigar una posible “motivación política”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que las organizaciones pueden reemplazar a los candidatos fallecidos, aunque las papeletas de Huaquillas ya estaban impresas.
Este no es un episodio aislado. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023, diversas entidades y medios contabilizan entre 28 y 33 autoridades y candidatos asesinados, convirtiendo este en uno de los entornos electorales más letales de la historia reciente del país. Alrededor del 90% de estos atentados se concentran en provincias costeras y de tránsito de drogas como Manabí, Guayas, El Oro y Azuay. En 2026, solo hasta septiembre, el Ministerio del Interior registró más de 6.200 homicidios intencionales. El Oro, escenario del último ataque, ha visto un fuerte incremento de asesinatos.
Paralelamente, el poder local enfrenta una oleada de procesos judiciales. Según reportes de la Fiscalía y medios locales, al menos una docena de alcaldes y exalcaldes están presos, sentenciados o investigados por delitos que van desde peculado y enriquecimiento ilícito hasta lavado de activos y nexos con el crimen organizado (comercialización ilegal de combustibles, minería ilegal, contratos ficticios). Entre los más notorios figura Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, detenido desde febrero de 2026 y enfrentando múltiples causas (Triple A, Grillete, Goleada) por comercialización ilegal de hidrocarburos y delincuencia organizada. Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, está en prisión preventiva desde junio por lavado de activos. Otros casos incluyen a Juan Alfonso Montalván (Vinces), José Arroyo (Pujilí) y varios más con prisión preventiva o medidas cautelares. Algunos aspirantes gozan de inmunidad electoral que dificulta detenciones, como Gabriel Balladares en Playas.
La oposición correísta, en particular, denuncia una persecución selectiva. Luisa González, dos veces candidata presidencial y líder de Revolución Ciudadana, fue detenida a finales de octubre en el marco del caso Laberinto (presunto lavado de activos vinculado a campañas). El movimiento enfrenta suspensiones y restricciones que lo han dejado fuera o muy debilitado en la contienda seccional. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otras figuras también enfrentan investigaciones. El Gobierno y la Fiscalía sostienen que se trata de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que no distingue ideologías: el mismo día de las acusaciones de Noboa sobre nexos opositores con bandas, fue detenido el alcalde de Naranjal (inicialmente vinculado al oficialismo) tras un audio en el que admitía control de Los Lobos sobre su municipio. Criticos, incluidos medios y organizaciones, argumentan que se usa la narrativa de seguridad para neutralizar rivales electorales.
En este contexto, el 11 de noviembre Noboa renovó por 30 días el estado de excepción por “grave conmoción interna” mediante el Decreto Ejecutivo 532, que rige en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida mantiene la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia (permitiendo allanamientos sin orden judicial previa bajo ciertos límites), la intervención coordinada de Fuerzas Armadas y Policía, y la posibilidad de requisiciones temporales de bienes. No incluye un nuevo toque de queda generalizado. El decreto exige que las medidas no obstaculicen injustificadamente la campaña electoral, el funcionamiento del CNE ni los derechos políticos, pero en la práctica implica restricciones a la manifestación, movilización y reunión de organizaciones políticas con sus simpatizantes, reducción de garantías constitucionales y poderes extraordinarios para fuerzas de seguridad. Fuentes opositoras y de análisis señalan que esto favorece al oficialismo, que cuenta con respaldo estatal, mientras limita la promoción de rivales en las zonas más pobladas y conflictivas.
El fenómeno de El Niño y posibles inundaciones añaden complejidad logística al CNE, que ya realiza simulacros de contingencia. Noboa ha proyectado que su movimiento ADN pueda obtener hasta un 30-40% de los gobiernos locales, beneficiado por la debilidad de la principal oposición.
La campaña, que se extiende aproximadamente hasta el 26 de noviembre, se desarrolla así en un delicado equilibrio entre el combate al crimen organizado —que ha penetrado profundamente en estructuras locales a través de extorsión, control territorial y cooptación— y las denuncias de erosión democrática. Organismos internacionales, periodistas y observadores advierten que la violencia y las restricciones ponen en riesgo un sufragio libre y equitativo. Ecuador vota el 29 de noviembre no solo por autoridades locales, sino en un test de la resiliencia de sus instituciones frente a la criminalidad y la polarización.
Fuentes principales:
- La Jornada / Resumen Latinoamericano: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/11/11/mundo/ecuador-arranca-campanas-electorales-con-dos-candidatos-asesinados y https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/11/12/ecuador-arranca-campanas-electorales-con-dos-candidatos-asesinados-y-nuevo-estado-de-excepcion/
- El Universo: https://www.eluniverso.com/politica/seguridad/gobierno-renueva-por-30-dias-el-estado-de-excepcion-en-ocho-provincias-nota/ y reportes sobre candidatos
- La Hora: https://www.lahora.com.ec/listas/alcaldes-presos-sentenciados-o-investigados-conozca-a-los-13-politicos-judicializados-t202611040002.html
- Primicias: https://www.primicias.ec/politica/oea-ecuador-condena-asesinato-candidatos-huaquillas-ronald-farfan-cristhian-rugel-136850/
- Latin Times y otros reportes internacionales sobre violencia electoral
- Diario-red.com artículos sobre contexto de persecución y elecciones seccionales




