Es legítimo que Juan Ramón Rallo, como economista liberal, critique la gestión de Gustavo Petro en Colombia. Lo que no es legítimo es convertir la discrepancia ideológica en un relato cerrado donde se seleccionan cifras, se omiten contextos y se atribuyen al Gobierno hechos que dependen de factores externos, del ciclo económico o incluso de decisiones del Banco de la República. La economía colombiana bajo Petro no es un cuento de hadas, pero tampoco el desastre absoluto que algunos quieren vender.
El primer problema de ese tipo de análisis es la atribución tramposa. Petro asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2022. Por tanto, presentar todo lo ocurrido en 2022 como resultado de su gestión es, como mínimo, engañoso. Colombia venía de una recuperación pospandemia muy fuerte: el PIB creció 7,3% en 2022, según el DANE, pero también arrastraba desequilibrios importantes: inflación alta, déficit externo elevado, encarecimiento de alimentos y combustibles, y una política monetaria cada vez más restrictiva. Es decir, Petro no recibió una economía “normal”, sino una economía recalentada.
Es cierto que el crecimiento se frenó con fuerza en 2023: el PIB aumentó apenas 0,6%, de acuerdo con el DANE. Pero convertir ese dato en una prueba automática del “fracaso socialista” es una caricatura. El Banco de la República subió la tasa de interés hasta niveles muy altos para combatir la inflación; esa política enfría el crédito, la vivienda, la inversión y el consumo. Además, la economía colombiana necesitaba corregir un déficit de cuenta corriente que en 2022 rondó el 6% del PIB. En 2023 bajó a cerca del 2,7%, según el Banco de la República. Eso no es irrelevante: significa que la economía redujo una vulnerabilidad externa seria.
La inflación es otro ejemplo claro. Colombia cerró 2022 con una inflación anual de 13,12% y alcanzó un pico cercano al 13,34% en marzo de 2023. ¿Fue eso “culpa de Petro”? No seriamente. La inflación venía creciendo antes de su llegada, en un contexto mundial de choque alimentario, energía cara, disrupciones logísticas y devaluación. Lo que muestran los datos del DANE y del Banco de la República es que, después del pico, la inflación empezó a bajar: 9,28% al cierre de 2023 y 5,20% al cierre de 2024. Sigue por encima de la meta, sí, pero la tendencia no encaja con el relato de una espiral inflacionaria descontrolada provocada por el Gobierno.
Tampoco es honesto ignorar los indicadores sociales. Según el DANE, la pobreza monetaria pasó de 36,6% en 2022 a 33,0% en 2023. La pobreza extrema también se redujo, de 13,8% a 11,4%. El desempleo promedio nacional bajó de 11,2% en 2022 a 10,2% en 2023. Estos datos no significan que Colombia haya resuelto sus enormes problemas de desigualdad, informalidad y precariedad laboral, pero sí desmienten la imagen de un país hundido socialmente desde la llegada de Petro.
También hay que hablar de salarios. El salario mínimo tuvo aumentos nominales importantes durante el Gobierno Petro, superiores a la inflación esperada. Eso permitió cierta recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos. A los economistas liberales les puede parecer una mala política por sus posibles efectos sobre la formalidad, y esa discusión es válida. Pero presentar la subida salarial únicamente como una catástrofe, sin mencionar su impacto redistributivo ni la reducción de la pobreza, es contar solo media historia.
Ahora bien, defender los datos frente a la manipulación no implica negar los problemas. La inversión cayó con fuerza en 2023, especialmente en construcción, maquinaria y vivienda. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios sobre hidrocarburos y algunas reformas mal tramitadas han afectado la confianza empresarial. Además, el frente fiscal es delicado: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido sobre riesgos en ingresos, gasto y cumplimiento de metas fiscales. Estas son críticas serias y deben discutirse sin propaganda.
Pero incluso ahí hay que ser rigurosos. La inversión extranjera directa no desapareció con Petro: en 2023 se mantuvo alrededor de los 17.000 millones de dólares, según el Banco de la República. El peso colombiano, que sufrió una fuerte depreciación en 2022, también tuvo episodios de recuperación significativa en 2023. Los mercados no operan como caricaturas ideológicas: reaccionan a tasas globales, petróleo, riesgo regional, expectativas fiscales y política monetaria, no solo a un discurso presidencial.
Por eso indigna la manipulación. Una crítica honesta a Petro podría decir: el crecimiento fue débil en 2023; la inversión privada se deterioró; hay incertidumbre fiscal; la política energética necesita más claridad; y la ejecución del Gobierno ha sido irregular. Todo eso es discutible y está respaldado por fuentes. Lo que no es aceptable es ocultar que la inflación bajó, que la pobreza cayó, que el desempleo no se disparó, que el déficit externo se corrigió y que buena parte del frenazo económico respondió a una política monetaria contractiva aplicada por un banco central independiente.
La mentira no siempre consiste en inventar un número. A veces consiste en elegir solo el número que conviene, quitarle el contexto y usarlo como arma ideológica. Si el análisis de Rallo sobre Colombia presenta la economía de Petro como un derrumbe total sin incluir estos datos, entonces no estamos ante una evaluación rigurosa, sino ante propaganda.
Colombia necesita debate económico serio, no consignas disfrazadas de tecnicismo. Petro puede y debe ser criticado, pero con datos completos. Porque discrepar es legítimo; manipular, no.
Fuentes de referencia: DANE, Banco de la República de Colombia, Ministerio de Hacienda, Comité Autónomo de la Regla Fiscal, FMI, OCDE, Banco Mundial y CEPAL.
