Andrea Torres Bautista habla desde una frontera donde la memoria, la justicia y la política se tocan. No es solo abogada ni solo familiar de una víctima: es una mujer que ha convertido una tragedia íntima en una causa colectiva. En la entrevista publicada por El Salto, Torres aparece con la imagen de su tía, Nydia Erika Bautista, desaparecida forzadamente en Bogotá en 1987, y con una advertencia que desborda el calendario electoral: si la extrema derecha llega al poder en Colombia, no solo están en riesgo algunas políticas públicas; “están en juego nuestras vidas”. 1
La frase llega en un momento decisivo. Este domingo 21 de junio de 2026 Colombia celebra la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella, abogado y candidato de la derecha dura, e Iván Cepeda, senador de izquierda y heredero político del ciclo abierto por Gustavo Petro. En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo el primer lugar, con cerca del 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda; la campaña se ha desarrollado en un país polarizado y marcado por el temor a un retorno de formas abiertas de violencia política. 2
Para entender por qué Torres habla de la vida —y no solo de la alternancia de gobierno— hay que mirar la magnitud de la desaparición forzada en Colombia. La Comisión de la Verdad, a partir de datos integrados con la JEP y Human Rights Data Analysis Group, estimó que entre 1985 y 2016 al menos 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente, y que, considerando el subregistro, el universo podría acercarse a las 210.000 víctimas. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, por su parte, informó en 2026 que trabaja sobre más de 135.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. 3
La desaparición forzada no consiste solo en privar a alguien de libertad: es una estrategia de terror basada en borrar el rastro, negar información y condenar a las familias a una espera sin cuerpo, sin duelo y muchas veces sin expediente. En Colombia, la Comisión de la Verdad documentó responsabilidades de distintos actores —paramilitares, guerrillas, agentes estatales y estructuras mixtas— y subrayó que el ocultamiento del paradero convierte la búsqueda de verdad en una tarea especialmente difícil. 3
La historia de Andrea Torres está atravesada por ese mecanismo. Su tía, Nydia Erika Bautista, militante del M-19 y estudiante de sociología, fue desaparecida el 30 de agosto de 1987 por hombres vestidos de civil que, según la Fundación que lleva su nombre, pertenecían a la Brigada XX de Inteligencia Militar del Ejército colombiano. La Fundación Nydia Erika Bautista nació tras el exilio de la familia, provocado por amenazas en 1997, y desde 2007 retomó su trabajo en Colombia con un enfoque integral de acompañamiento a mujeres y familiares de víctimas. 4
Ese tránsito del dolor privado a la acción pública es central. Yanette Bautista, hermana de Nydia y madre de Andrea, empezó a buscar cuando el Estado no buscaba, a documentar cuando las instituciones cerraban puertas y a organizarse con otras mujeres que llevaban fotografías de sus familiares desaparecidos. La Fundación se define como una organización de víctimas y profesionales que busca justicia para los desaparecidos y acompaña a familiares en varias regiones del país. 5
Andrea Torres heredó esa búsqueda, pero también la profesionalizó. Estudió Derecho, se convirtió en abogada de casos de desaparición forzada y ha trabajado especialmente en asuntos donde los señalados pertenecen a fuerzas estatales. En la entrevista con El Salto, relata amenazas, exilio, hostigamientos y riesgos personales ligados a su labor jurídica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en 2014 medidas cautelares a miembros de la Fundación Nydia Erika Bautista por amenazas y seguimientos relacionados con su trabajo. 1
La figura de las “mujeres buscadoras” condensa una paradoja: hacen labores que corresponden al Estado, pero al hacerlas se exponen a nuevas violencias. Buscan en archivos, cementerios, ríos, montes y testimonios; aprenden derecho, cartografía, investigación forense y memoria comunitaria. Amnistía Internacional ha documentado que las buscadoras enfrentan estigmatización, violencia física, amenazas, empobrecimiento, exilio, robos de información y ataques con un componente de violencia basada en género. 6
Por eso la Ley 2364 de 2024 fue un hito. La norma reconoce a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional, y adopta medidas sobre acceso a justicia, información, protección, salud, educación, vivienda y apoyo logístico para la búsqueda. En 2026, el Decreto 063 reglamentó aspectos como el Registro Único de Mujeres Buscadoras, destinado a acreditar su condición para acceder a medidas y derechos. 7
Sin embargo, entre la ley y la vida hay un trecho. Amnistía Internacional y la Fundación Nydia Erika Bautista advirtieron en 2025 que los plazos de implementación no se estaban cumpliendo y que la protección real seguía pendiente. Incluso con la reglamentación posterior, la pregunta clave no desaparece: si el registro, la atención psicosocial, las medidas de seguridad y el reconocimiento institucional no llegan a los territorios, la ley corre el riesgo de convertirse en otra promesa escrita sobre el papel. 6
La preocupación de Torres se agudiza por el lugar de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP nació del Acuerdo Final de 2016 como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con mandato para investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016. 8
De la Espriella ha planteado eliminar la JEP, una propuesta que ha convertido la justicia transicional en uno de los puntos más sensibles de la campaña. Para víctimas como Torres, la JEP no es una sigla burocrática: es uno de los pocos espacios donde militares y otros comparecientes pueden aportar verdad sobre desapariciones, violencia sexual, torturas y patrones de persecución. 9
El miedo de Andrea Torres, entonces, no surge de una consigna electoral, sino de una biografía. Su familia ya vivió amenazas por denunciar; su organización ha necesitado medidas cautelares y acompañamiento internacional; las mujeres buscadoras han sido tratadas durante décadas como incómodas, exageradas o peligrosas por insistir en una pregunta elemental: ¿dónde están? 10
Colombia vota entre modelos de país, pero también entre formas de mirar a sus víctimas. Una democracia no se mide solo por quién gana una elección, sino por lo que hace con quienes buscan huesos, expedientes y verdad cuando todos los demás quieren pasar página. Andrea Torres recuerda que la paz no es una abstracción: tiene nombre de mujer, cuerpo desaparecido, madre buscadora y ley por cumplir. Y mientras haya miles de familias esperando una respuesta, buscar seguirá siendo una forma radical de defender la vida.
Fuente: EL SALTO
