Decir que un centenar de familias ha llegado a dirigir Colombia no significa que exista una junta secreta que tome todas las decisiones del país. La cifra funciona, más bien, como una forma de describir la concentración histórica del poder: los mismos apellidos reaparecen en la Presidencia, el Congreso, los grandes medios, la banca, la contratación pública y las administraciones regionales. El reportaje de elDiario.es sirve de punto de partida para entender una estructura que no es exclusivamente colombiana, pero que en Colombia adquirió una particular profundidad.
La política colombiana nació vinculada a redes familiares. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, los partidos Liberal y Conservador fueron menos organizaciones programáticas que comunidades de notables. En Bogotá, unas pocas familias educadas en colegios privados y conectadas con la Iglesia, la prensa, la diplomacia y la administración pública se disputaban el control del Estado. En las regiones, esa lógica se reproducía mediante hacendados, comerciantes y caciques locales.
El Frente Nacional, vigente entre 1958 y 1974, consolidó esa tendencia. Liberales y conservadores acordaron alternarse en la Presidencia y repartirse de manera paritaria los cargos públicos. El pacto contribuyó a reducir la violencia bipartidista, pero también cerró el sistema a nuevas fuerzas. En cuatro gobiernos sucesivos se sucedieron Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. La democracia funcionaba, pero dentro de un perímetro estrecho.
De ahí que los apellidos se convirtieran en una forma de capital político. Los López —Alfonso López Pumarejo y su hijo Alfonso López Michelsen—, los Lleras, los Santos, los Pastrana, los Ospina y los Gómez forman parte de una larga genealogía de presidentes, ministros, embajadores, congresistas y directores de medios. No se trata siempre de herencias directas ni de familias políticamente unidas. A menudo son redes que comparten educación, amistades, negocios y acceso a las instituciones.
El poder económico reforzó esa continuidad. Colombia no tiene un único grupo empresarial dominante, sino varios conglomerados con capacidad para influir simultáneamente en sectores estratégicos. El Grupo Aval, construido alrededor de Luis Carlos Sarmiento Angulo, tiene una posición central en la banca, las infraestructuras y los servicios financieros, además de su relación con la Casa Editorial El Tiempo. La Organización Ardila Lülle se expandió desde las bebidas y Postobón hacia la radio y la televisión con RCN. El Grupo Santo Domingo, reunido en torno a Valorem, ha tenido intereses decisivos en cerveza, medios de comunicación, cine y otros negocios. Más recientemente, el Grupo Gilinski ganó peso en la banca, los medios y la industria de alimentos.
La importancia de estos conglomerados no reside únicamente en su riqueza. También está en su capacidad para establecer prioridades, moldear debates y construir legitimidad pública. El control o la influencia sobre periódicos, canales de televisión, emisoras y plataformas digitales permite decidir qué problemas ocupan el centro de la conversación nacional. Aunque exista pluralidad de medios, la propiedad continúa concentrada en pocas manos.
Esta concentración se vuelve más visible fuera de Bogotá. En las regiones operan los llamados “clanes políticos”: estructuras familiares que combinan cargos electivos, empresas, contratos públicos y control territorial. Los Char en el Atlántico, los Gnecco en el Cesar, los Cotes en el Magdalena, los Aguilar en Santander o distintas redes familiares de Sucre, Córdoba y Bolívar son ejemplos de la forma en que la política regional se organiza alrededor de apellidos.
Algunos de esos grupos han producido administraciones eficaces y obras importantes; otros han sido vinculados a investigaciones por corrupción, parapolítica o financiación irregular. No es correcto atribuir delitos a una familia entera, pero sí observar el patrón: cuando un mismo grupo ocupa durante años alcaldías, gobernaciones, curules y contratos, los controles institucionales se debilitan. La competencia electoral existe, aunque con frecuencia se produce entre facciones de una misma red.
La tierra constituye otra dimensión de esta radiografía. El análisis de Oxfam sobre el Censo Nacional Agropecuario de 2014 mostró que apenas el 0,4 % de las explotaciones agropecuarias, aquellas de más de 500 hectáreas, concentraba cerca del 67,7 % del área productiva censada. En el extremo contrario, alrededor del 70 % de las unidades productivas tenía menos de cinco hectáreas y ocupaba una porción mínima del territorio. Esa desigualdad no puede explicarse solo por las familias políticas tradicionales: también intervienen empresas agroindustriales, ganaderos, capitales vinculados al narcotráfico y procesos de apropiación ilegal. Pero sí revela la estrecha relación entre propiedad, violencia y autoridad local.
La Comisión de la Verdad identificó la exclusión política, la disputa por la tierra y la captura regional del Estado como factores centrales del conflicto armado. En numerosas zonas, la violencia eliminó líderes sociales, desplazó comunidades y alteró la propiedad rural. Allí donde desaparecieron organizaciones campesinas o indígenas, las redes económicas y políticas encontraron menos obstáculos para consolidarse.
La Constitución de 1991 intentó romper este modelo mediante nuevos mecanismos de participación, descentralización, reconocimiento de derechos y apertura electoral. Las reformas posteriores fortalecieron a los partidos y crearon umbrales, pero no eliminaron el personalismo. Las listas abiertas, el alto costo de las campañas y la debilidad de las organizaciones programáticas favorecieron a quienes ya tenían apellido, dinero, medios o maquinaria electoral.
Por eso, la elección de Gustavo Petro en 2022 representó una ruptura histórica: por primera vez llegó a la Presidencia una fuerza abiertamente de izquierda y ajena al circuito tradicional de las élites nacionales. Sin embargo, el cambio presidencial no modificó automáticamente el mapa territorial del poder. Para gobernar, el nuevo Ejecutivo tuvo que negociar con partidos tradicionales en el Congreso, mientras alcaldías y gobernaciones continuaron en buena medida bajo el control de redes regionales.
Colombia no es una monarquía familiar ni un país gobernado de manera uniforme por cien apellidos. Es una democracia con elecciones competitivas, tribunales, prensa independiente, movimientos sociales y una ciudadanía cada vez más diversa. Pero también es una sociedad donde el acceso al poder sigue distribuido de forma profundamente desigual.
El desafío no consiste en perseguir apellidos, sino en desmontar los mecanismos que convierten la riqueza, la tierra, los medios y los contratos en herencias políticas. Sin financiación electoral transparente, partidos más democráticos, justicia eficaz, reforma agraria y controles sobre la concentración empresarial, las familias seguirán cambiando de alianza sin perder el mando.
Fuentes de referencia
- elDiario.es, “Radiografía del poder en Colombia: cómo un centenar de familias llegaron a dirigir todo un país”.
- Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994.
- Francisco Gutiérrez Sanín, ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Tercer Censo Nacional Agropecuario.
- Oxfam, Radiografía de la desigualdad.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Informe Final.
- Misión de Observación Electoral (MOE), informes sobre clanes políticos, financiación electoral y poder regional.
- Superintendencia de Sociedades, informes sobre las principales empresas y grupos empresariales de Colombia.
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