Primero se escucha el zumbido agudo de los drones sobrevolando el horizonte. Luego, el estruendo de las explosiones. “Y entonces, en los días siguientes, el mar trae un bidón, pedazos de un bote, drogas, gente también”, describe Alberto, un hombre de negocios local que vive en la remota península colombiana de La Guajira.
Esta sombría secuencia de eventos se ha vuelto familiar para quienes viven a lo largo de esta árida franja de desierto, cuyas costas son bañadas por una parte del mar Caribe que ha sido escenario de unos 20 mortíferos ataques aéreos estadounidenses contra lanchas rápidas en el último año. Sin embargo, la pregunta que se impone es contundente: ¿han servido de algo?
Un año de bombardeos y la droga sigue fluyendo
La campaña continúa destruyendo pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental —con al menos 235 muertos en cerca de 70 ataques hasta ahora— en medio de fuertes críticas de expertos legales y organizaciones de derechos humanos, que la califican como un programa ineficaz de lo que son, esencialmente, asesinatos extrajudiciales.
La investigación publicada por OCCRP (www.occrp.org), realizada junto a 360-grados.co, ofrece un retrato devastador de la realidad sobre el terreno. Periodistas del Proyecto de Periodismo sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y 360-grados.co viajaron a La Guajira, ubicada en el punto más septentrional de América del Sur, para conocer cómo los ataques han afectado al comercio de cocaína en este histórico centro de contrabando.
Una funcionaria estatal con larga trayectoria en la región afirmó no haber visto ninguna disminución en el flujo de lanchas rápidas desde la península durante el último año, observación que fue compartida por muchos otros consultados. La conclusión es inapelable: los bombardeos destruyen embarcaciones y matan tripulantes, pero no frenan el negocio.
Los “lancheros”: carne de cañón reemplazable
En La Guajira, los hombres que pilotan las narcolanchas son conocidos como lancheros o choferes. Cuando estos barqueros son arrestados o mueren, los traficantes que coordinan el negocio simplemente “consiguen nuevos”, según declaró a OCCRP una funcionaria estatal con amplia experiencia en la zona. “Solo las familias de los muertos lo sienten”, dijo. “Los demás no.”
Según un hombre local, los dueños de los cargamentos de cocaína —que habitualmente contratan a los barqueros como transportistas— envían personas a recuperar la carga al día siguiente de un ataque aéreo, ofreciendo hasta 3 millones de pesos colombianos (unos 947 dólares) por cada ladrillo de cocaína encontrado entre los restos.
Las primeras evidencias físicas
Los restos de una embarcación calcinada y dos cuerpos hallados en la península de La Guajira constituyen la primera evidencia física conocida de un ataque aéreo atribuido a la campaña antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, según reportó The New York Times.
Una residente local grabó accidentalmente un video que muestra las consecuencias inmediatas del ataque, registrado desde la orilla poco después de escucharse una fuerte explosión mar adentro. Dos días después del ataque, pescadores locales encontraron una lancha de aproximadamente nueve metros, completamente calcinada, junto con restos humanos y diversos objetos en la playa, entre ellos bidones, chalecos salvavidas y paquetes plásticos similares a los utilizados en operaciones de narcotráfico.
Que evidencias tan tangibles salgan a la luz casi dos meses después del ataque es un testimonio tanto de la remota ubicación de la Península de La Guajira como de la escasa presencia del Estado colombiano en la zona. La región está gobernada de manera semiautónoma por una comunidad indígena, los Wayúu, cuya población de más de medio millón de personas se extiende a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.
La ruta de la cocaína: Catatumbo, camiones y el Caribe
El producto más lucrativo hoy es la cocaína. A varios cientos de kilómetros al sur se encuentra Catatumbo, una cadena montañosa boscosa en la frontera con Venezuela que es la segunda región productora de cocaína más grande de Colombia. La droga es transportada desde allí hasta La Guajira mediante grandes camiones, que se camuflan fácilmente en el continuo flujo de vehículos que transportan carbón extraído en Catatumbo.
Desde La Guajira, los pequeños botes que transportan la droga han continuado “yendo y viniendo hacia la República Dominicana. También a Curaçao, a Aruba. Quizás cobran más por el viaje”, reveló a OCCRP un funcionario administrativo local.
Guerrillas, grupos armados y un Estado ausente
El panorama de seguridad en La Guajira es tan complejo como preocupante. Mientras los ataques de EE.UU. no logran detener el contrabando de cocaína desde este remoto territorio, las autoridades estatales tampoco son rivales para los grupos armados y bandas que controlan gran parte de la zona. Durante el trabajo de campo, los periodistas fueron detenidos por un grupo de hombres enmascarados y armados con equipamiento de combate que se identificaron como miembros del ELN.
Grupos armados como la guerrilla del ELN ejercen un control significativo sobre la región, patrullando la frontera Colombia-Venezuela y exigiendo pagos por todos los bienes que transitan, incluyendo las drogas.
¿Eficacia real o teatro de guerra?
Fuentes oficiales de Estados Unidos aseguran que el movimiento marítimo ilegal bajó en varias zonas del Caribe y del Pacífico, pero no han explicado cómo realizaron esa medición. Expertos consultados por los periodistas advierten que cerrar un corredor no equivale a reducir la cantidad de cocaína en el mercado, porque los traficantes tienen otras maneras de moverla.
Este análisis es confirmado por InSight Crime: poco después de que comenzaran los ataques, los traficantes de drogas dejaron en gran medida de usar lanchas rápidas para mover cocaína desde la costa venezolana hacia las islas del Caribe, pero estas perturbaciones se limitaron a un puñado de corredores de contrabando y causaron estragos principalmente entre las lanchas rápidas, sin impedir que los traficantes movieran cocaína por otros medios.
Al mismo tiempo, el enfoque de EE.UU. en atacar lanchas rápidas no ha impactado significativamente los flujos de drogas a través de los puertos comerciales, que son los principales puntos de control del Caribe para los grandes envíos de cocaína. El ocultamiento dentro de carga legítima sigue siendo el método principal para llegar a los mercados consumidores en EE.UU., Europa y más allá, con los traficantes canalizando cargamentos a través de puertos de países como la República Dominicana.
La reacción de Colombia
La política de ataques no ha estado exenta de tensión diplomática. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a las fuerzas militares colombianas cesar las comunicaciones con las agencias de seguridad de EE.UU. hasta que Washington abandone sus ataques contra lanchas rápidas sospechosas de transportar drogas.
Un año después de que comenzara la campaña aérea, el balance es desolador: lanchas destruidas, familias rotas y cadáveres sin reclamar en las costas de La Guajira. La cocaína, mientras tanto, sigue su camino hacia el norte.
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