Tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero eso no convierte cualquier ocurrencia en algo digno de consideración. Una idea vieja como Platón que la conversación pública contemporánea parece haber olvidado.
Hay una frase que funciona como comodín en cualquier discusión y que casi siempre aparece cuando el que la pronuncia está perdiendo: «Es mi opinión y hay que respetarla». Suena razonable, incluso democrática. Pero encierra una trampa lógica que el filósofo José Antonio Marina lleva años señalando: confundir el derecho a expresar una opinión con el derecho a que esa opinión sea tomada en serio. Lo primero es un principio irrenunciable de cualquier sociedad libre. Lo segundo no se regala: se gana.
Respetar a las personas, evaluar las ideas
La distinción de partida es sencilla y, sin embargo, se pierde constantemente de vista. El respeto, en su sentido fuerte —el que Kant vinculaba a la dignidad—, se debe a las personas, no a sus contenidos mentales. Toda persona merece un trato digno; ninguna afirmación merece inmunidad. De hecho, tratar todas las opiniones de un interlocutor como si fueran intocables es una forma sutil de menosprecio: equivale a decidir que no vale la pena discutir con él, que sus ideas no resisten un examen y que es mejor dejarlo tranquilo con ellas. Como se ha repetido a menudo en la tradición ilustrada, la crítica es el mayor cumplido intelectual que se le puede hacer a alguien, porque presupone que es capaz de razonar y de cambiar de idea.
Marina lo formula en términos de una ética de la inteligencia: pensar bien no es solo una cuestión de eficacia cognitiva, sino una obligación moral, porque de nuestras creencias se derivan decisiones que afectan a otros. En su obra sobre la «inteligencia fracasada» describe cómo la estupidez no es principalmente un déficit de capacidad, sino un mal uso de ella: prejuicios que se blindan, dogmatismos que se alimentan de sí mismos, creencias sostenidas contra toda evidencia porque abandonarlas costaría demasiado a nuestra identidad o a nuestro grupo. Ese fracaso no es inocente. Tiene víctimas.
De la doxa a la episteme
La filosofía occidental nació, en buena medida, de esta distinción. Platón separó la doxa —la opinión, lo que a uno le parece— de la episteme, el conocimiento justificado. La diferencia no está en el grado de convicción con que se sostiene algo (los dogmáticos suelen ser los más convencidos), sino en el tipo de razones que lo sostienen y en la disposición a someterlas a prueba.
Una opinión, en sentido estricto, no es un dato bruto de la conciencia: es una conclusión. Y como toda conclusión, puede estar bien o mal construida. Hay opiniones informadas y opiniones desinformadas; opiniones que han pasado por la criba de la evidencia y opiniones que se han formado en cinco segundos leyendo un titular. Tratarlas como equivalentes no es tolerancia: es pereza intelectual disfrazada de pluralismo.
Conviene además desmontar la coartada relativista del «todo es opinable». No lo es. Hay cuestiones de hecho —la edad del universo, la eficacia de una vacuna, las cifras de un presupuesto— que se resuelven con datos, no con encuestas de simpatía. Y hay cuestiones valorativas —qué es una sociedad justa, cómo repartir cargas y beneficios— que, aunque no se cierren con un experimento, tampoco quedan a merced del capricho: admiten argumentos mejores y peores, más coherentes o más contradictorios, más universalizables o más interesados. Hannah Arendt advirtió del peligro de convertir los hechos en materia de opinión: cuando eso ocurre, la libertad de opinión pierde su suelo, porque ya no hay nada compartido sobre lo que opinar.
¿Qué hace respetable una opinión?
Si no todas valen lo mismo, hay que atreverse a decir qué las distingue. Cabe proponer al menos cinco criterios:
1. Sustento empírico. ¿Se apoya en evidencias verificables o en anécdotas, rumores y vídeos virales? La cantidad de creencia que una afirmación merece debería ser proporcional a las pruebas disponibles.
2. Coherencia lógica. ¿Se sigue de sus premisas o descansa en falacias —falsos dilemas, apelaciones al miedo, ataques a la persona—? Un razonamiento inválido no mejora por repetirse en mayúsculas.
3. Competencia. No toda opinión sobre todo tema tiene el mismo peso. Reconocer la autoridad epistémica de quien ha dedicado décadas a estudiar algo no es sumisión, es sensatez. Lo contrario es lo que Tom Nichols llamó «la muerte de la experiencia» y lo que Isaac Asimov denunció como el culto a la ignorancia: la extraña idea de que «mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento».
4. Revisabilidad. Una opinión respetable admite la pregunta: «¿Qué me haría cambiar de idea?». Si la respuesta es «nada», ya no estamos ante una opinión, sino ante un artículo de fe o una insignia tribal.
5. Buena fe. Harry Frankfurt distinguió al mentiroso —que conoce la verdad y la oculta— del charlatán, indiferente a si lo que dice es verdadero o falso porque solo busca un efecto. La charlatanería, decía, es peor enemiga de la verdad que la mentira. Y hoy circula en cantidades industriales.
El coste público de las malas ideas
Podría objetarse que todo esto es elitismo intelectual. Es exactamente lo contrario. La exigencia de calidad en el debate público es igualitaria: obliga a todos por igual y no depende de títulos, sino de la disposición a dar razones. Lo verdaderamente antidemocrático es la resignación a que cualquier cosa dé igual, porque en ese vacío no gana el mejor argumento, sino el más ruidoso, el mejor financiado o el más hábil con los algoritmos.
Además, las creencias tienen consecuencias. Una opinión sobre la eficacia de un medicamento, sobre el cambio climático o sobre un colectivo de vecinos no se queda encerrada en la cabeza de quien la sostiene: orienta votos, políticas, tratos y desprecios. En el siglo XIX, el matemático William K. Clifford lo dijo sin matices: es moralmente reprobable creer algo sin evidencia suficiente, porque nuestras creencias son un patrimonio común. Y Karl Popper recordó que la tolerancia ilimitada conduce a su propia desaparición: una sociedad abierta no puede tolerar sin límite a quienes se proponen cerrarla.
Pensar mejor, entre todos
La conclusión no es censurar, sino discriminar —en el sentido noble del término: distinguir. Se puede defender con firmeza el derecho de cualquiera a decir lo que piensa y, simultáneamente, negarse a conceder que lo que dice sea verdad, sea sensato o merezca figurar en igualdad de condiciones en una tertulia. Marina insiste en que la inteligencia es, en última instancia, un proyecto compartido: pensamos con las palabras, los conceptos y los métodos que hemos heredado, y por eso la calidad del pensamiento colectivo es una infraestructura pública que hay que cuidar como se cuidan las carreteras o el agua potable.
Cuidarla exige educación en pensamiento crítico, medios que verifiquen antes de publicar y una cierta higiene personal: leer más de lo que se opina, tolerar la incertidumbre, aceptar el «no lo sé» y practicar el difícil arte de cambiar de opinión sin sentirlo como una derrota.
Todas las personas merecen respeto. Todas las opiniones merecen, como mucho, una pregunta: ¿y en qué te basas? La respuesta —o su ausencia— es lo que decide si esa opinión ha de ser respetada o simplemente escuchada con paciencia.
Generado por Claude Opus 5 high
