Introducción
En los densos bosques y extensos humedales de la cuenca del río San Juan, en el departamento del Chocó, las comunidades afrodescendientes se enfrentan a una encrucijada crítica y sin precedentes. No se trata de una sola amenaza, sino de una letal combinación de factores que ha sumido a la región en una profunda crisis humanitaria. Las 72 comunidades que integran el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) viven hoy los estragos de lo que se ha denominado una “triple emergencia”: la reactivación inclemente de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, el desplazamiento forzado junto con el confinamiento derivados de este conflicto, y las ruinosas secuelas de un terremoto devastador.
De acuerdo con reportes recientes de Mongabay Latam y diversas alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, este dramático panorama ha dejado a cerca de 3000 personas afectadas de manera directa. Las cifras documentan que 652 familias se encuentran bajo estricto confinamiento en sus propios territorios, incapaces de salir a buscar su sustento, mientras que al menos otras 90 familias se han visto obligadas a abandonarlo todo, desplazándose hacia las cabeceras municipales en un intento desesperado por salvaguardar sus vidas y la de sus hijos.
La guerra desde el cielo: el terror de los drones explosivos
El territorio de Acadesan abarca los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, extendiéndose hasta el distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Es el único consejo comunitario del país que cuenta con un esquema de protección colectiva integral aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, en la práctica, el papel de las resoluciones de seguridad resulta insuficiente frente al fuego cruzado de los grupos armados ilegales, que se disputan a sangre y fuego el control de las rutas del narcotráfico y la minería criminal en esta vital arteria fluvial del Pacífico.
A la ya de por sí aterradora presencia de combatientes, se ha sumado una táctica bélica que ha sembrado un nuevo nivel de pánico entre los habitantes: el uso recurrente de drones equipados con artefactos explosivos. La tecnología de punta se ha convertido en un instrumento de terror. En la zona rural del municipio de Sipí, específicamente en el corregimiento de Charco Hondo, uno de estos drones fue detonado, dejando a civiles heridos y provocando un éxodo forzado de decenas de familias bajo la amenaza del cielo.
El miedo paraliza por completo a la región. Las comunidades viven atemorizadas no solo por los enfrentamientos con ráfagas de fusil, sino por la altísima probabilidad de que sus campos de cultivo, sus áreas de pesca y los caminos que conectan a los caseríos hayan quedado minados o contaminados con artefactos explosivos arrojados desde el aire. Esto ha detenido las actividades agropecuarias y forestales, empujando a miles de pobladores al borde del hambre.
La furia de la naturaleza: un terremoto en medio del fuego cruzado
Como si la asfixia armada no fuera castigo suficiente, la naturaleza también asestó un duro revés. En la mañana del 10 de agosto de 2026, un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió violentamente la región, con su epicentro localizado en San José del Palmar, Chocó. El temblor terminó de resquebrajar las ya frágiles condiciones de infraestructura y subsistencia de las comunidades del San Juan. Acadesan estima que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables tras el evento telúrico, una calamidad que se agravó por un fuerte vendaval que, escasos días después, arrancó los techos de las casas que habían logrado mantenerse en pie.
La indolencia de los actores armados quedó en dolorosa evidencia en medio de la catástrofe. Según los reportes, el mismo día del terremoto, mientras las personas intentaban remover escombros y asimilar la tragedia, presuntos integrantes del Clan del Golfo irrumpieron en la comunidad de San Agustín (Sipí). Allí permanecieron durante tres días, restringiendo drásticamente la movilidad de una población que clamaba por atención médica y humanitaria urgente. El conflicto no concedió tregua ni frente a la furia de la tierra.
Desplazamiento, hacinamiento y el vacío institucional
Quienes han logrado huir de la violencia armada y de la pérdida de sus hogares en las veredas, enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. En municipios como Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento, refugiadas de caridad en casas de familiares o amigos, en espacios donde la precariedad es la regla.
A esta crisis multidimensional se suma la falta de una respuesta institucional efectiva por parte del Estado colombiano. Las comunidades y sus líderes han denunciado graves fallas en el censo oficial de damnificados por el terremoto y víctimas del conflicto armado. Las entidades gubernamentales, justificadas muchas veces por las nulas condiciones de seguridad que impiden el ingreso de sus funcionarios, no han logrado consolidar un registro real de las afectaciones. Ante este abandono estatal y el vacío burocrático, las comunidades afrodescendientes e indígenas tomaron la iniciativa y se organizaron para levantar su propio censo de damnificados, en un esfuerzo por hacer visibles a los ausentes de las estadísticas oficiales.
Aunque se han intentado establecer corredores para misiones humanitarias de emergencia, las persistentes restricciones de movilidad y la falta de garantías de seguridad dificultan enormemente el acceso regular de la oferta institucional.
Romper el aislamiento: las ondas de la resistencia
Ante los confinamientos impuestos, la precariedad casi absoluta de las telecomunicaciones y el aislamiento al que han sido sometidos, el Consejo Comunitario General del San Juan decidió no sucumbir al silencio. En un acto de profunda resiliencia y soberanía organizativa, la comunidad lanzó y puso en marcha su propia emisora de radio local.
Esta plataforma nació con el propósito vital de difundir alertas tempranas, compartir información comunitaria verificada y mantener conectadas a las 72 poblaciones que conforman el territorio de Acadesan. A través de las ondas radiales, los habitantes del río San Juan logran atravesar las barreras impuestas por las balas, el temor a los drones y los caminos bloqueados. La emisora se erige hoy como un símbolo sonoro de resistencia pacífica; un puente invisible que reconforta a las familias confinadas y desplazadas, recordándoles diariamente que siguen siendo un mismo tejido social.
La triple emergencia que desangra al Chocó es el reflejo de los desafíos monumentales que todavía arrastra la Colombia profunda. Mientras el Estado no consolide una presencia integral que garantice derechos fundamentales y paz, las comunidades de Acadesan seguirán luchando por sobrevivir frente a la adversidad extrema. Sin embargo, su capacidad organizativa, desde censar a sus propios heridos hasta levantar su voz al aire con una emisora, demuestra que la voluntad de defender su vida y su territorio ancestral sigue siendo inquebrantable.
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