Una nueva denuncia por violencia policial vuelve a poner el foco sobre el uso desproporcionado de la fuerza y el racismo institucional en España. En esta ocasión, varios agentes de la Policía Nacional han sido imputados por la brutal paliza que propinaron, en mayo de 2025, a una familia afrocolombiana en la ciudad de València. Según ha trascendido, los policías acusados se han negado a declarar durante la fase de instrucción abierta tras la querella presentada por las víctimas.
Los hechos
Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2025, en València. Tal y como dio a conocer El Salto Diario, una familia de origen afrocolombiano fue agredida de manera violenta por varios agentes de Policía Nacional, quienes les propinaron una paliza en plena vía pública. Aunque, por el momento, no han trascendido todos los detalles que motivaron la intervención policial, las imágenes grabadas por testigos y difundidas posteriormente muestran un uso de la fuerza claramente desproporcionado contra varios miembros de la unidad familiar.
Las grabaciones, que han circulado por redes sociales y han sido incorporadas al procedimiento judicial, resultan fundamentales para la investigación. En ellas se aprecia cómo la intervención derivó en golpes hacia personas que, a juzgar por lo que muestran las imágenes, no representaban en ese momento un riesgo que justificara una agresión de esa magnitud. Este tipo de pruebas audiovisuales ha sido, en numerosas ocasiones, clave para que denuncias por violencia policial lograsen salir del ámbito de la palabra contra palabra y pudieran ser investigadas por la justicia.
La querella y la imputación de los agentes
Tras la agresión, la familia decidió no quedarse en el silencio y presentó una querella contra los agentes implicados para exigir responsabilidades penales por lo ocurrido. Fruto de esa acción judicial, el caso ha dado un primer paso relevante: varios de los policías que intervinieron han sido imputados en la causa que se encuentra actualmente en fase de instrucción.
Uno de los datos que más ha llamado la atención del proceso es la negativa de los agentes imputados a prestar declaración ante el juzgado instructor. Tal y como recogió El Salto Diario, los policías acusados han hecho uso de su derecho a no declarar en esta fase del procedimiento, una opción que recoge nuestro ordenamiento jurídico para las personas investigadas, pero que, cuando existen grabaciones y pruebas objetivas del hecho denunciado, genera una mayor exigencia de esclarecimiento por parte de las instituciones y un profundo malestar entre las víctimas y los colectivos que les apoyan (El Salto, 2025).
Racismo, perfilado étnico y violencia policial
El origen afrodescendiente de la familia agredida ha situado este caso en el eje del racismo estructural y del perfilado étnico en los controles policiales. Organizaciones antirracistas llevan años denunciando que las personas racializadas, especialmente aquellas con rasgos afrodescendientes o de origen migrante, son sometidas con mayor frecuencia a identificaciones, cacheos, trato hostil y, en algunos casos, a violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad.
Así lo constatan informes periódicos de entidades como SOS Racismo. En sus memorias anuales, la organización viene advirtiendo de la persistencia del perfilado étnico en España, una práctica prohibida por el principio de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución Española (artículo 14) y reforzado por el derecho internacional de los derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas ha recomendado en reiteradas ocasiones al Estado español que prohíba explícitamente el perfilado étnico, que lo tipifique y que vele por su erradicación (Naciones Unidas, CERD, Observaciones a España).
En este contexto, los hechos ocurridos en València no pueden analizarse únicamente como un exceso puntual en una intervención, sino que se inscriben en un patrón denunciado desde hace años: cuando el origen étnico-racial de una persona es leído como sospechoso, aumenta drásticamente el riesgo de que el trato policial derive en violencia. El hecho de que las víctimas sean una familia afrocolombiana refuerza las sospechas de que el racismo pudo haber actuado como elemento que favoreció la escalada de la agresión.
Impunidad y dificultad para denunciar la violencia policial
La violencia policial continúa siendo uno de los ámbitos en los que resulta más complejo obtener justicia para las víctimas. Los procedimientos suelen enfrentarse a la clásica dicotomía de «palabra contra palabra», lo que, unido a la lealtad corporativa que históricamente han denunciado colectivos de derechos humanos, dificulta que las denuncias prosperen. Por ello, cuando existen pruebas audiovisuales, como ocurre en este caso, cobran una relevancia capital para romper ese obstáculo.
Organizaciones como Amnistía Internacional España han insistido, de forma recurrente, en la necesidad de garantizar investigaciones independientes, efectivas e imparciales ante cualquier denuncia de malos tratos o uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden. Asimismo, entidades especializadas en defensa de los derechos humanos, como Irídia (Centro para la Defensa de los Derechos Humanos), han subrayado que la impunidad no solo perjudica a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad (Amnistía Internacional España, informes sobre derechos humanos; Irídia, observatorio de violencia policial).
En este caso, la negativa de los imputados a declarar en fase de instrucción no impide que la instrucción continúe, ni que el juez valore el resto de indicios, pruebas testificales, periciales y, especialmente, las grabaciones. No obstante, sí alimenta las exigencias de una investigación exhaustiva que esclarezca todos los responsables y determine si concurrió un agravante de odio o discriminación racial, cuestión fundamental a la hora de calificar los hechos.
La exigencia de justicia
La difusión de este caso ha generado indignación entre distintos colectivos antirracistas, de defensa de los derechos humanos y movimientos por la abolición de la impunidad policial, que han exigido una investigación con perspectiva antidiscriminatoria y que se depuren todas las responsabilidades. También han reclamado que se vele por la protección de la familia agredida, que ha tenido que pasar por el trauma de una paliza para, además, verse obligada a luchar por que su denuncia sea tomada en serio.
Resulta imprescindible recordar que exigir responsabilidades por una agresión policial no supone atacar a las fuerzas de seguridad en su conjunto, sino defender el principio básico de cualquier Estado democrático: nadie, y mucho menos quien ostenta el monopolio legítimo de la fuerza, está por encima de la ley. El uso legítimo de la fuerza está estrictamente regulado y debe ser siempre necesario, proporcionado y no discriminatorio. Cuando estos principios se incumplen, la justicia debe actuar con celeridad y contundencia.
Conclusión
La imputación de los policías que propinaron una paliza a una familia afrocolombiana en València supone un paso necesario para esclarecer unos hechos que, por su brutalidad y por su posible componente racista, han conmocionado a una parte de la opinión pública. Que los agentes se hayan negado a declarar no cierra el camino a la verdad ni a la justicia: lo cierran las pruebas, los testimonios, las grabaciones y la obligación del poder judicial de investigar con diligencia y perspectiva antidiscriminatoria.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa dos exigencias ineludibles para el Estado español: erradicar el perfilado étnico y garantizar investigaciones efectivas ante toda denuncia de violencia policial. La familia afrocolombiana agredida en mayo de 2025 no solo reclama justicia para sí misma, sino que su lucha forma parte de una exigencia colectiva: que el racismo nunca vuelva a servir de coartada para justificar una paliza.
Generado por Pergamon
