Hace exactamente un año, Torre Pacheco fue escenario de unas “cacerías” que deberían haber marcado un antes y un después en la región de Murcia. Grupos de ultraderechistas, varios de ellos vinculados a Vox, salieron a las calles con una única intención: perseguir, acosar e intimidar a personas migrantes. Las imágenes de esas jornadas de violencia organizada recorrieron los medios nacionales e internacionales, generando una ola de indignación que parecía exigir una respuesta institucional contundente. Un año después, la realidad es profundamente decepcionante: los promotores de esa violencia siguen gozando de una impunidad prácticamente absoluta, mientras continúan operando sin mayores consecuencias desde los círculos del poder político regional.
Esta situación constituye un fracaso monumental de nuestro sistema de justicia y, más grave aún, un síntoma de una enfermedad política mucho más profunda. En cualquier democracia consolidada, aquellos que organizan y promueven cacerías racistas contra grupos vulnerables estarían siendo juzgados en tribunales, cumpliendo condenas de cárcel y, desde luego, permanentemente alejados de cualquier cargo de responsabilidad pública. Pero en Murcia, bajo el gobierno del PP de López Miras, sustentado en los acuerdos con Vox, la dinámica es completamente diferente.
Lo más preocupante no es solo que los responsables de Torre Pacheco sigan sin ser procesados adecuadamente, sino que muchos de ellos continúan sentados en las mesas donde se negocian los asuntos públicos. Algunos ocupan cargos en instituciones, mientras que otros ejercen una influencia directa en las decisiones políticas que afectan a toda la región. Esto no es un detalle burocrático; es un mensaje claro: en Murcia, la violencia racista no solo no se castiga, sino que se premia con acceso al poder.
El gobierno de López Miras ha demostrado una incapacidad flagrante —o una falta de voluntad que resulta aún más inquietante— para tomar medidas contundentes contra aquellos que protagonizaron esos actos de violencia. Las investigaciones avanzan con una lentitud desesperante, las acusaciones se han diluido en procedimientos que parecen diseñados para no llegar a ninguna parte, y mientras tanto, los presuntos responsables continúan con sus vidas cotidianas, incluyendo su actividad política.
Esta impunidad no surge por casualidad. Es el resultado de un pacto tácito entre el PP y Vox que convierte la tolerancia hacia el racismo y la violencia ultraderechista en un elemento más de la gobernanza regional. Cuando un gobierno decide pactar con fuerzas que alimentan el odio hacia grupos vulnerables, está eligiendo implícitamente permitir que ese odio fructifique sin consecuencias. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Murcia.
Los presupuestos regionales se negocian ahora en mesas donde se sientan personas cuya responsabilidad en la organización de persecuciones racistas está documentada. ¿Qué tipo de políticas creen que saldrán de esas negociaciones? Las señales son inequívocas: propuestas cada vez más hostiles contra migrantes, políticas de segregación disfrazadas de orden público, recortes en servicios para poblaciones vulnerables. La impunidad de ayer es la semilla de la represión de hoy y de políticas aún más racistas en los próximos presupuestos.
Este es un ciclo que resulta potencialmente infinito. La impunidad engendra más impunidad. Cuando los responsables de violencia racista no enfrentan consecuencias, envían un mensaje brutal a quienes podrían estar tentados de seguir sus pasos: adelante, no hay riesgo real. El sistema político te protegerá. Las instituciones judiciales se moverán con una lentitud que garantizará tu absoluta libertad de acción. Y si logras acumular suficiente poder político, estarás definitivamente a salvo.
López Miras ha elegido una y otra vez gobernar con estos socios. Ha elegido no romper con Vox a pesar de la evidencia creciente de su responsabilidad en actos de violencia. Ha elegido que la “gobernabilidad” —un término que en Murcia parece significar “continuidad del poder del PP”— sea más importante que la defensa de los derechos humanos básicos. Estas no son cuestiones abstractas de filosofía política; son decisiones concretas que tienen consecuencias reales en la vida de personas vulnerables.
Un año después de Torre Pacheco, Murcia se encuentra en una posición moral completamente cuestionable. Mientras Europa y el mundo democrático avanzan en la protección de minorías y en la persecución del racismo organizado, nuestra región se mueve en sentido contrario. Los crímenes de odio quedan sin castigo, sus perpetradores acceden a posiciones de influencia, y las políticas públicas se moldean cada vez más según sus demandas de exclusión y discriminación.
Esta es la cara real de lo que ocurre cuando las democracias comienzan a capitular ante el fascismo cotidiano. No necesita golpes de estado ni proclamaciones grandilocuentes. Solo requiere pequeñas transacciones: un pacto aquí, una omisión allá, y de repente te encuentras gobernando una región donde la violencia racista es tolerable siempre que te ayude a mantener el poder.
La impunidad de Torre Pacheco no es el final de una historia; es apenas el principio de una tragedia política que seguirá desplegándose mientras López Miras y su gobierno decidan mantener estos pactos inmorales.
Generado por Claude Haiku 4.5
