El pasado 26 de agosto de 2026, un juez colombiano ordenó al presidente Abelardo de la Espriella presentar disculpas públicas por vulnerar el principio de laicidad del Estado durante su ceremonia de posesión, celebrada el 7 de agosto. El fallo, emitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, exigía que el mandatario reconociera públicamente que su acto, cargado de simbolismo religioso, había afectado la neutralidad que la Constitución colombiana exige a las instituciones públicas.
El episodio en cuestión no fue menor: la ceremonia incluyó una invocación interreligiosa con la participación de un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico, además de la presencia de una efigie de la Virgen de Fátima y el cierre del discurso presidencial con un enérgico «¡Viva Cristo Rey!». Este último detalle, en particular, reavivó el debate sobre los límites entre las convicciones personales de un gobernante y el mandato constitucional de un Estado laico.
Laicidad en entredicho: ¿Un Estado para todos o para algunos?
Colombia, según su Constitución de 1991, es un Estado laico, lo que significa que no adopta ninguna religión oficial y garantiza la libertad de culto a todos sus ciudadanos. Sin embargo, el acto de posesión de De la Espriella no solo incluyó elementos religiosos, sino que los normalizó como parte de un evento oficial, algo que muchos sectores de la sociedad civil, académicos y defensores de los derechos humanos consideraron una vulneración clara de la neutralidad estatal.
El fallo judicial no se limitó a pedir disculpas. También exigió al presidente abstenerse de incurrir en conductas futuras que favorezcan a una religión en particular y ordenó la emisión de una directiva presidencial para que todos los servidores públicos respeten la neutralidad religiosa en sus actos oficiales. Sin embargo, el cumplimiento de la orden judicial por parte de De la Espriella fue, cuando menos, ambiguo.
Las disculpas que no lo fueron
El 30 de agosto, el presidente cumplió con el requisito legal y ofreció sus disculpas en una alocución televisiva. Sin embargo, el mensaje estuvo lejos de ser un reconocimiento sincero de la gravedad del acto. De la Espriella argumentó que el orden del día de la ceremonia había sido aprobado por el Congreso, incluyendo un punto llamado «invocación», y que, por tanto, no era responsabilidad exclusiva suya. Además, defendió su derecho a expresar su fe públicamente, amparado en la libertad de conciencia que la Constitución también protege.
Pero aquí radica el problema: la libertad de expresión de un presidente no puede suplantar el principio de neutralidad del Estado. Mientras De la Espriella insistía en que respetaba la separación entre la Iglesia y el Estado, su decisión de cerrar el discurso de disculpas con un nuevo «¡Viva Cristo Rey!» demostró una falta de comprensión —o peor, un desdén— por el espíritu de la sentencia judicial y por el principio mismo de laicidad.
Un precedente peligroso
El caso de De la Espriella no es un incidente aislado. Representa un retroceso en la consolidación de un Estado verdaderamente laico en Colombia, un país donde el catolicismo ha tenido históricamente una influencia desproporcionada en la vida pública. La inclusión de símbolos y rituales religiosos en actos oficiales no solo excluye a los ciudadanos no creyentes o de otras religiones, sino que también envía un mensaje peligroso: que el Estado puede ser utilizado como plataforma para promover una visión religiosa particular.
Además, la selectividad con la que se aplican las normas es preocupante. Mientras que el acto de De la Espriella fue objeto de una tutela, otros eventos similares en el pasado —como los rituales indígenas durante la posesión de Gustavo Petro— no recibieron el mismo escrutinio judicial. Esto refuerza la percepción de que la justicia en Colombia no siempre actúa con imparcialidad, sino que puede estar sujeta a presiones políticas o sociales.
¿Qué sigue para Colombia?
El fallo contra De la Espriella es un recordatorio importante de que la laicidad no es negociable. Sin embargo, el hecho de que el presidente haya reincidido en su discurso religioso incluso al pedir perdón demuestra que el problema va más allá de un error puntual: es una cuestión de voluntad política.
Colombia enfrenta ahora un dilema fundamental: ¿Permitirá que sus instituciones públicas sean utilizadas para promover una agenda religiosa, o reafirmará su compromiso con un Estado neutral, inclusivo y respetuoso de todas las creencias? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la democracia en el país.
Conclusión: Laicidad no es opción, es obligación
La laicidad no es un ataque a la religión, sino una garantía de convivencia en una sociedad diversa. Que un presidente como De la Espriella, quien se autodefine como católico practicante, no logre entender esto es, en el mejor de los casos, una muestra de ignorancia constitucional. En el peor, es una estrategia deliberada para erosionar el principio de neutralidad del Estado.
Las disculpas de De la Espriella, empañadas por su insistente invocación religiosa, no solo no reparan el daño causado, sino que profundizan la división en un país que ya de por sí está polarizado. Si Colombia quiere ser una democracia madura, debe exigir a sus líderes que respeten las reglas del juego, y la laicidad es una de las más importantes.
Reflexión final: ¿Acaso un Estado que permite que sus máximas autoridades utilicen el poder para promover su fe no está, en realidad, trayendo a Dios al servicio del poder, en lugar de someter el poder al servicio de todos los ciudadanos?
