La región latinoamericana continúa siendo, año tras año, el lugar más peligroso del planeta para quienes se dedican a proteger sus territorios, sus bosques, sus ríos y sus comunidades frente al avance de industrias extractivas y economías ilegales. El más reciente informe de la organización internacional Global Witness confirma una tendencia que se repite desde hace más de una década: nueve de cada diez asesinatos de defensores ambientales en el mundo ocurren en países de América Latina y el Caribe.
Una cifra que no deja de crecer
Según el reporte titulado “Poder Colectivo”, al menos 124 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo el año pasado, y América Latina concentró el 85% de las muertes, mientras los conflictos por la tierra y los recursos naturales seguían poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores. En números concretos, el informe anual del grupo de defensa ambiental y de derechos humanos Global Witness documentó 105 asesinatos en América Latina en 2025.
Colombia vuelve a encabezar la lista negra mundial: Colombia fue el país más mortífero por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos, seguido de Brasil con 26. Le siguen Honduras y Filipinas, que registraron 12 cada uno. En conjunto, Colombia y Brasil concentraron el 52% de los homicidios documentados a nivel mundial.
Aunque la cifra global de 2025 representa una baja frente a años anteriores —Global Witness había registrado 142 asesinatos y cuatro desapariciones en 2024 y 196 homicidios en 2023—, los investigadores advierten que esto no es motivo de alivio. La organización advirtió que la baja no necesariamente significa una reducción de la violencia, debido al subregistro de casos. Desde que comenzó este monitoreo, el informe documentó 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y el medioambiente desde que la organización comenzó a hacerles seguimiento en 2012, en uno de los pocos esfuerzos por recopilar sistemáticamente estos casos en todo el mundo.
Pueblos indígenas y campesinos, los más golpeados
La violencia no golpea a todos por igual. Más de tres cuartas partes de las personas asesinadas en 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o afrodescendientes, según el informe. Cuarenta y siete víctimas eran pequeños agricultores y 44 eran indígenas. Entre estas últimas, siete de las víctimas indígenas eran integrantes de sistemas de guardia comunitaria establecidos para proteger sus territorios.
El origen de buena parte de estos crímenes está claramente vinculado a disputas por la tierra: las disputas por la tierra estuvieron vinculadas a 84 asesinatos, más de la mitad del total mundial. Otras actividades económicas también aparecen relacionadas de forma directa: la minería y las industrias extractivas se asociaron con 11 muertes; la tala, con ocho, y los agronegocios, con seis.
Un dato especialmente preocupante es la creciente presencia del crimen organizado: según Global Witness, se sospecha que el crimen organizado y los sicarios estuvieron implicados en más de un tercio de los asesinatos, lo que refleja lo que la organización describió como una creciente convergencia entre la actividad delictiva y los conflictos socioambientales.
Casos concretos ilustran esta violencia. En Colombia, el departamento de Cauca es uno de los territorios más golpeados: el departamento del Cauca concentró 13 homicidios y acumula 171 asesinatos de defensores desde 2012, según el relevamiento. En Brasil, entre las víctimas de 2025 estuvo Vicente Fernandes Vilhalva, un indígena guaraní kaiowa de 36 años de edad, quien fue baleado durante un ataque armado contra su comunidad en Mato Grosso do Sul en noviembre. Su comunidad ha estado involucrada en una larga lucha por recuperar su territorio ancestral.
Más allá de las balas: criminalización y hostigamiento
Los expertos insisten en que reducir el fenómeno a los homicidios sería un error, pues la violencia muta hacia formas menos visibles pero igualmente dañinas. Juliana Vélez Echeverri, de Global Witness, explica que si bien la cifra de asesinatos se redujo, los casos de criminalización de alguna manera han aumentado; en México, por ejemplo, este año se redujeron los números de asesinatos, pero también aumentaron los números de criminalización.
México es un ejemplo elocuente de esta doble cara del problema. Aunque los asesinatos disminuyeron de 19 en 2024 a diez en 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 107 casos de criminalización, además de cientos de hechos de estigmatización, intimidación y difamación. A esto se suma un problema de larga data: las desapariciones también continúan siendo un problema central en el país; en 2025 fue asesinado en Guerrero un defensor que seguía buscando a su hermano, también defensor ambiental, desaparecido desde 2021.
Las mujeres defensoras enfrentan, además, un patrón sostenido de agresiones no letales. Entre 2012 y 2023, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos documentó más de 30 000 ataques no letales contra mujeres en México y Centroamérica, desde acoso y amenazas verbales hasta vigilancia de sus actividades cotidianas y violencia psicológica.
El Acuerdo de Escazú, una herramienta incompleta
Frente a este panorama, el Acuerdo de Escazú sigue siendo la principal apuesta jurídica regional, aunque con limitaciones evidentes. Se trata de el primer tratado regional en materia de medioambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe, un instrumento jurídicamente vinculante que contiene disposiciones sobre las personas defensoras del medioambiente, que entró en vigor en abril de 2021 y pretende garantizar al público el derecho a acceder a la información medioambiental y a participar en la toma de decisiones ambientales. De manera crucial, el tratado exige a los Estados que prevengan e investiguen las agresiones contra las personas que trabajan en defensa del medioambiente.
Sin embargo, su alcance real es limitado: varios de los países con mayor conflictividad ambiental no lo han ratificado. Un ejemplo llamativo es Honduras, que a pesar de tener el mayor número de agresiones per cápita, aún no lo ha firmado.
Sistemas de justicia insuficientes
Ante la incapacidad de los aparatos judiciales nacionales para frenar esta violencia, Global Witness plantea recomendaciones concretas. En su informe, la organización sostiene que con los actuales sistemas de justicia demostrando ser inadecuados para esta tarea, los Estados deberían crear unidades especializadas de investigación y fiscalía dedicadas a los delitos contra defensores de la tierra y del ambiente.
Mientras tanto, comunidades enteras optan por la autoprotección. En Perú, por ejemplo, ante la débil respuesta estatal, la Guardia Indígena Kakataibo patrulla territorio amazónico amenazado por el cultivo ilegal de coca y el crimen organizado, un modelo comunitario que se repite en distintos puntos de la región como último recurso frente a la impunidad.
El panorama que arrojan estas cifras confirma que, más allá de los vaivenes anuales en el número de homicidios, América Latina sigue enfrentando una crisis estructural: la defensa de la tierra, el agua y los bosques continúa siendo, en gran parte del continente, una actividad que se paga con la vida, la libertad o la reputación de quienes la ejercen.
Generado por Claude Sonnet 5 search
